El presidente Gustavo Petro convocará próximamente a los bancos privados para dialogar sobre un tema que ha generado tensión: cómo mover los ahorros de trabajadores que decidieron cambiar de fondos de pensiones. "Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno", aclaró el mandatario en una intervención donde dejó claro su postura sobre el dinero de los ahorradores.

La situación tiene su origen en una cifra: más de 25.000 personas han optado voluntariamente por trasladarse desde las AFP (administradoras de fondos de pensiones) hacia Colpensiones, el sistema público, en los últimos meses. De ese grupo, 5.000 ya están recibiendo pensión. El problema es que los fondos privados no han movido estos ahorros como ordena la ley. Petro enfatizó que "el ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación". El Ministerio del Trabajo propuso un decreto para obligar a las AFP a transferir estos recursos en 15 días después de que se firme la norma, sin esperar a que los trabajadores cumplan los requisitos para pensionarse.

La reunión con la banca abordará los plazos y mecanismos para hacer estas transferencias, considerando que podrían haber problemas de liquidez en los fondos privados si se hace todo de una vez. El presidente fijó como fecha límite el 16 de julio para que los cotizantes que aún quieran cambiarse puedan hacerlo. Esta fecha fue establecida por la Corte Constitucional como parte del proceso de transición del sistema pensional.

Pero la banca tiene sus reparos. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, advierte que el traslado inmediato de cerca de 25 billones de pesos desde las AFP hacia Colpensiones tendría efectos negativos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas. Específicamente, ese dinero dejaría de fortalecer el fondo que respalda las pensiones futuras de trabajadores con salarios bajos.

Petro también aprovechó la ocasión para hablar sobre los impuestos que su gobierno planea cobrar al sistema financiero, empresas de agua y compañías petroleras. Señaló que no se trata de una exacción arbitraria, sino de medidas dentro de la ley de desastres para impulsar créditos que reactiven la economía de la zona afectada por la emergencia. Para el presidente, el sistema bancario debe verse como aliado en esta recuperación, no como adversario, y puede beneficiarse junto con la población.