El 2026 comenzó en Colombia con uno de los movimientos más agresivos de reorganización de las finanzas públicas que se recuerden. El Gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando recursos por casi $200 billones, según cálculos de este medio, pero no a través de las vías convencionales. Frente a un Congreso que bloqueó sus reformas tributarias, el Ejecutivo ha optado por utilizar decretos de emergencia y trasladar masivamente ahorros pensionales hacia las arcas del Estado. La estrategia se intensificó justo días antes de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, en un contexto donde el gasto público se ha convertido en la principal herramienta de influencia política.

La crisis climática dejó abierta una puerta: el Gobierno expidió un decreto de emergencia económica para atender las inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira y otros departamentos. Dentro de esa emergencia incluyó un impuesto temporal al patrimonio para empresas con más de $10.474 millones. El problema es que las cifras no cierran. Mientras el Ministerio de Hacienda dice que recaudará $8 billones, el centro de investigación económica Anif estima que serían $13,5 billones. Alejandro Castañeda, de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, describe la medida como "la puntilla" que le faltaba a la industria energética para perder atractivo ante inversionistas externos, pues los bancos y empresas minero energéticas pagarán una tarifa del 1,6%, muy superior al 0,5% general.

Pero el movimiento más polémico es el de las pensiones. El Ministerio del Trabajo publicó esta semana un borrador de decreto para trasladar más de $25 billones en ahorros de casi 120.000 personas que se cambiaron de los fondos privados (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) a Colpensiones. La reforma pensional vigente establece que ese dinero debería quedarse en manos privadas hasta la jubilación. El Gobierno quiere acelerar el traslado para que los recursos vayan inmediatamente al Estado. José Ignacio López, presidente de Anif, advierte que liquidar forzosamente estas cuentas presionaría la venta de títulos TES (la deuda interna del país), lo que obligaría al Gobierno a pagar tasas de interés superiores al 14% para refinanciarse. En otras palabras, el Ejecutivo estaría cambiando estabilidad financiera a largo plazo por dinero en el corto plazo para gastar ahora. Tras la polémica, el Gobierno dijo que está abierto a dialogar sobre cronogramas de pago "para evitar choques financieros innecesarios".

Complementando esto, el presidente Petro propuso un decreto que forzaría a los fondos privados a traer de vuelta a Colombia unos $125 billones que hoy invierten en el exterior. La idea es reducir las inversiones en el extranjero del 48,8% actual a solo 30% en cinco años. Andrés Velasco, de la asociación de fondos, aclaró que diversificar internacionalmente no es un capricho sino principio básico: invertir en dólares protege el ahorro de los trabajadores de depender únicamente de cómo le vaya a la economía colombiana. Forzar la repatriación de $125 billones saturaría el mercado local sin suficientes proyectos productivos que puedan absorber esa cantidad de dinero sin ineficiencias.

El Gobierno ya había intentado otras vías. Hace poco más de un año pidió al Congreso aprobar una reforma tributaria de $16,3 billones, pero fue rechazada en diciembre. Luego decretó una emergencia económica para intentar los mismos $16 billones, pero la Corte Constitucional la suspendió mientras evalúa si el Ejecutivo abusó de sus facultades extraordinarias. Durante el tiempo que estuvo vigente logró recaudar apenas $1,6 billones.

El Gobierno también aceleró el cobro a empresas mediante cambios en las retenciones en la fuente (dinero que se descuenta del pago a proveedores). Al aumentar estas tarifas hasta 218% en algunos casos para sectores como gas, carbón y electricidad, proyecta recaudar entre $6 y $13,9 billones. Aunque no es un impuesto nuevo, obliga a las empresas a pagar por adelantado lo que deben de renta sobre ingresos que ni siquiera tienen asegurados. Ganaderos y agricultores ya enfrentan tarifas del 1,2%, lo que asfixia su flujo de caja.

Incluso Ecopetrol, la principal empresa estatal petrolera, fue presionada. La Dian le cobró $5,3 billones por IVA no pagado en importaciones de combustibles entre 2022 y 2024, más intereses de mora. La petrolera dice que mantendrá su defensa legal, pero el mensaje al mercado es claro: el Gobierno está extrayendo recursos de su empresa estrella para cubrir el hueco fiscal, arriesgando la capacidad de inversión en exploración y transición energética.

Adicionalmente, el Gobierno presiona a los bancos con la idea de inversiones forzosas. Aunque el "Pacto por el Crédito" desembolsó $255 billones voluntariamente en créditos, Petro insiste en obligar a las entidades a destinar fondos para reactivación tras la ola invernal. La banca ofreció 130.000 créditos sin intereses para evitar una imposición legal, pero la negociación sigue tensa. Por otro lado, el endeudamiento externo se volvió masivo: en enero de 2026 Colombia colocó US$4.950 millones (aproximadamente $18 billones) en deuda externa, la mayor en la historia del país.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, describe lo que sucede como una "estatización silenciosa" de recursos que antes circulaban por canales privados. Al trasladar ahorros pensionales al Estado, crea una ilusión de riqueza inmediata pero genera un pasivo (deuda) pensional futuro que las próximas generaciones deberán cubrir. Mac Master señala que el Gobierno intentó tres "lances" de reforma tributaria en menos de un año, y califica el déficit fiscal resultante de "insostenible", obligando al país a pagar tasas de interés históricas. Para el gremio, el patrón es claro: sobretasas arbitrarias a sectores clave, incrementos salariales por encima de la inflación y presión sobre los costos de formalización.