El presidente Gustavo Petro no se quedó callado frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el controvertido Decreto 415 de 2026. A través de redes sociales, cuestionó la medida que reduce de $25 billones a apenas $5 billones el dinero que las AFP deberían transferir al sistema público de pensiones. "¿Oiga cómo que tendrán que girar $5 billones? Si no devuelven el dinero, son ladrones. Están esperando que el pueblo colombiano pague los $5 billones de las personas que se pensionaron en Colpensiones y que habían ahorrado esos dineros en los fondos de los banqueros", expresó el mandatario.

El mandatario fue más lejos en sus críticas, apuntando directamente a los dueños de los grandes grupos financieros. Señaló que el Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento, y Bancolombia, controlado por empresarios antioqueños, son responsables de lo que catalogó como "un verdadero acto de latrocinio contra la Nación y el pueblo de Colombia". Con esto, el conflicto entre el Gobierno y el sector financiero escala a nuevos niveles.

La suspensión parcial del decreto afecta específicamente el Capítulo 5, que ordenaba a los fondos privados transferir inmediatamente los ahorros de personas que cambiaron de régimen pero aún no cumplen la edad ni las semanas cotizadas para jubilarse. Estos $20 billones de los $25 billones en cuestión corresponden precisamente a esa población que sigue cotizando. El otro $5 billones, que sí serían trasladados, corresponde a unas 20.000 personas que ya se jubilaron y están recibiendo pensiones, según explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la asociación que agrupa los fondos privados).

Las AFP argumentan que dejar ese dinero en el sistema público sería un "salto al vacío" normativo, ya que según las leyes actuales, los recursos deben permanecer bajo su administración hasta que el afiliado realmente consolide su derecho a pensionarse. Asofondos no solo defiende esta suspensión parcial: está pidiendo que el Consejo de Estado tumbe completamente el decreto.

El Capítulo 6 del decreto, que regula el traslado de quienes ya consolidaron su jubilación, tiene mejores probabilidades de sobrevivir al examen judicial. Los magistrados consideran que en estos casos tiene lógica administrativa: si Colpensiones debe comenzar a pagar mensualidades de inmediato, necesita contar con esos fondos para hacerlo.

Más allá del ruido político, subyacen argumentos técnicos complejos. Las demandas presentadas cuestionan si el Presidente rebasó sus facultades al expedir un decreto que, según sus opositores, intenta "reescribir" la ley en lugar de solo reglamentarla. También advierten sobre un posible riesgo: que el Gobierno busque obtener liquidez inmediata de un dinero que no le pertenece, cambiando reglas de administración de ahorros de ciudadanos corrientes. Y hay una sospecha más: que todo esto responde al deseo de asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional falle de manera definitiva sobre la Ley 2381 de 2024, que permitió esta reforma pensional.