El presidente Gustavo Petro no se guardó críticas hacia Acolgen después de que el gremio de generadores de energía eléctrica decidiera demandar ante la Corte Constitucional el decreto de emergencia que el Gobierno expidió para atender los estragos causados por una ola invernal sin precedentes en la historia.

A través de redes sociales, Petro fue directo: señaló que los gremios poderosos no les importa la situación de los ciudadanos cuando hay una emergencia. El mandatario fue más allá e interpuso una pregunta concreta a Acolgen sobre cómo se financiaría la salida de la pobreza generalizada en regiones como Urabá, Córdoba y Sucre si el decreto fuera anulado. El presidente rechazó de plano que esos recursos salieran de los impuestos de la ciudadanía y caracterizó la actitud del sector privado como manifestación de "egoísmo social". En su visión, este tipo de comportamientos del gran capital terminan generando violencia en el país.

La demanda de Acolgen, presentada por el abogado Julián López Murcia, busca que la Corte Constitucional suspenda y declare inexequible el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026, norma que fue creada para responder a la emergencia en ocho departamentos afectados por las lluvias, entre ellos Córdoba.

El gremio fundamenta su demanda en tres argumentos principales. Primero, sostiene que el Gobierno no probó que la situación climática no pudiera manejarse con instrumentos ordinarios ya existentes, como la Ley 1523 de 2012 o el Decreto 1372 de 2024. Segundo, argumenta que la variabilidad climática es un fenómeno documentado hace años y por lo tanto no constituye un hecho extraordinario o imprevisto, requisito esencial para declarar estados de excepción. Tercero, señala problemas formales: dice que el decreto fue firmado por Irene Vélez Torres como ministra encargada de Ambiente, aunque su encargo habría vencido meses antes, el 5 de noviembre de 2025.

Por estas razones, Acolgen solicitó que se tramite con urgencia nacional la anulación de la declaratoria de emergencia.