El presidente Gustavo Petro escaló su disputa con la comunidad académica al responder duramente a una carta de economistas y exrectores vinculados con la Universidad de los Andes. En su pronunciamiento, Petro acusó a estos académicos de sostener una visión "neoliberal" y de estar desconectados de las realidades sociales del país. También dirigió críticas hacia sectores de la Universidad Nacional de Colombia, afirmando que su facultad de economía "dejó de pensar cosas nuevas" y se ha alineado con posiciones políticas específicas. Sin embargo, el mandatario argumentó que existe respaldo académico a su perspectiva, mencionando un documento firmado por treinta páginas de economistas que cuestionan las recientes decisiones de la junta del banco central.

El núcleo del conflicto está en la política monetaria. Petro cuestionó la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, comparándola con lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantiene sus tasas estables. Según el presidente, esta decisión colombiana es contradictoria con tendencias globales y podría fortalecer demasiado el peso, afectando la competitividad de las exportaciones y el desempeño económico general. "Ningún banco central en el mundo está haciendo lo que hace la mayoría de la junta directiva del Banco de la República hoy", afirmó, calificando la medida como una de las mayores "torpezas" en materia económica.

Pero la crítica más frontal de Petro apuntó directamente a la independencia del emisor. El presidente aseguró que "la junta del Banco no es independiente", argumentando que sus decisiones responden a intereses electorales y políticos, no a criterios técnicos. Según Petro, la junta incumpliría el mandato constitucional de coordinar con el Gobierno, lo que significaría una ruptura con el modelo de Estado social de derecho establecido en la Constitución de 1991. "Lo que hizo la mayoría de la junta es un acto electoral y no científico", reiteró el mandatario.

El presidente también tejió conexiones políticas, vinculando estas decisiones con sectores afines a gobiernos anteriores. Mencionó al expresidente Iván Duque y señaló que existe una intención de revertir el modelo económico actual. Cuestionó además la composición de la junta del banco central, sugiriendo presuntos conflictos de interés derivados de relaciones familiares con actores políticos.

Más allá de la coyuntura, Petro planteó una crítica de fondo al modelo económico colombiano. Lo describió como una alianza entre sectores rentistas (aquellos que viven de rentas, no de producción), actores políticos y economistas que benefician actividades como la extracción de recursos naturales y la gestión privada de servicios públicos. Para el presidente, esta estructura económica perpetúa la desigualdad al privilegiar las rentas sobre la producción y el trabajo. "El establecimiento colombiano quiere que se acabe el período progresista", afirmó, advirtiendo sobre la resistencia a políticas redistributivas.

Petro cerró su respuesta convocando a un debate más profundo sobre los fundamentos económicos del país. Argumentó que "la ciencia progresa solo en el debate público y libre" e invitó a que las decisiones económicas sean objeto de deliberación democrática. El mandatario incluso sugirió que este análisis podría derivar en una discusión constituyente orientada a redefinir las bases institucionales y económicas de Colombia. Su pronunciamiento refleja la creciente tensión entre el Gobierno, el banco central y sectores académicos en un momento crítico para la política económica y el panorama electoral nacional.