El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica sobre quién opera el servicio de pasaportes en Colombia, esta vez lanzando acusaciones públicas a través de su cuenta en X. El jefe de Estado conectó el debate sobre este contrato con asuntos electorales, sugiriendo que detrás hay intereses políticos y económicos de particulares que buscan recuperar el control del negocio.

En el centro de las acusaciones de Petro está el procurador general Gregorio Eljach. Según el presidente, "quien quiso anular el nuevo contrato de pasaportes fue Eljach, el procurador que es no solo copartidario de Vega en el partido de la U, sino secretario general del Senado por largos años y, ahora, con mi ayuda determinante, procurador de la Nación". Con este señalamiento, Petro sugiere que hay un entramado de alianzas políticas detrás de las decisiones administrativas sobre quién opera este servicio.

Petro identificó también a los hermanos Bautista como los particulares que tendrían interés en recuperar el control del contrato de pasaportes. Según el mandatario, estos hermanos "quieren recuperar: el de pasaportes, al que precisamente, el procurador Eljach ha propuesto anular para que regrese la operación a los mismos hermanos Bautista". El presidente planteó que esto representaría lo que él llamó una "alianza pecaminosa en contratación entre política" y estos empresarios.

Lo que hace más grave la denuncia presidencial es la relación que establece con los datos personales de los colombianos. Petro señaló que es preocupante cómo los datos de quienes tienen pasaporte podrían ser utilizados indebidamente. El presidente sugirió que existe riesgo de suplantación de votos de ciudadanos que vivieron en el exterior durante procesos electorales, si estos datos caen en manos de actores interesados en fraude electoral.

El presidente también mencionó a la firma Thomas Greg & Sons, vinculándola tanto a procesos electorales como al contrato de pasaportes. Petro aseguró que hay antecedentes de relaciones comerciales entre esa empresa y actores políticos, afirmando que "los hechos periodísticos demuestran el trato comercial entre el escrutador/contratista de pasaportes y una candidatura presidencial en bajada".