Dos decisiones del Gobierno tomadas por separado ahora golpean juntas el bolsillo de quien tiene fondo privado de pensiones. Por un lado, hubo el mayor aumento real del salario mínimo en cinco décadas. Por otro, se modificó la fórmula de cómo ese salario se ajusta cada año. Cada medida tenía su razón de ser, pero combinadas crean un problema que afecta directamente a los trabajadores que cotizan al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, conocido como RAIS.

Para entenderlo en términos que importen en la vida real: si querías jubilarte este año 2025 con una pensión igual al salario mínimo, necesitabas tener ahorrados alrededor de 350 millones de pesos en tu cuenta. En 2026, ese número saltará a unos 550 millones. Son 200 millones de pesos más que tendrás que reunir para poder descansar. Eso es un aumento del 57%, algo brutal para la mayoría de trabajadores colombianos.

¿Qué significa esto en la práctica? Que tendrás que trabajar y ahorrar varios años más. En promedio, los expertos calculan que alrededor de 12.400 afiliados deberían cotizar 4,6 años adicionales solo para alcanzar el capital requerido. En los casos más extremos, algunos podrían llegar a esperar 20 años más para poder jubilarse. Incluso hay 1.300 personas que ya tienen la edad para retirarse, pero no tienen el dinero necesario.

El problema se complica cuando miramos el seguro previsional, ese sistema que cubre lo que pasa si te invalidas o si te mueres antes de llegar a la jubilación. Este seguro se paga con parte de lo que cotizan los trabajadores, y por ley no puede costar más del 3% del aporte. Actualmente está en 2,63%, muy cerca del tope. Pero con los salarios subiendo como están subiendo ahora, ese costo podría sobrepasar lo permitido en los próximos años. Si eso sucede, ni las administradoras de fondos podrían absorber el costo extra ni las aseguradoras podrían cobrar más sin violar la ley. Sería un colapso regulatorio.

El gremio de las AFP advierte que si la tendencia salarial se mantiene y nadie ajusta el parámetro, el sistema estaría en crisis. Las AFP no podrían funcionan bajo las reglas actuales si tienen que cubrir costos que la ley les prohíbe pagar. Es como pedirle a alguien que maneje un carro a 100 kilómetros por hora en una zona de 80, pero amenazándolo con cárcel si lo hace.

En el fondo, esto refleja un choque entre dos objetivos del Gobierno que no están alineados: quiso mejorar los salarios de los trabajadores más pobres, lo cual es necesario, pero eso tiene consecuencias en un sistema de pensiones privadas que funciona con reglas diseñadas para otras circunstancias. El debate ahora es cómo hacer que ambas cosas convivan sin que unos trabajadores terminen pagando la factura con años adicionales de trabajo antes de poder descansar.