Si usted está pensando en retirarse próximamente, le conviene hacerlo pronto. El costo para acceder a una pensión en el sistema privado se está disparando, y todo apunta a que 2026 será considerablemente más caro que este año. Asofondos, la asociación que agrupa a los fondos de pensiones, acaba de advertir sobre el impacto de dos decisiones recientes del Gobierno que, aunque fueron tomadas por separado, están golpeando juntas el bolsillo de los jubilados.

La primera decisión fue aumentar el salario mínimo en su mayor porcentaje en los últimos cinco décadas. La segunda fue cambiar cómo ese salario mínimo se ajusta de un año a otro, algo que suena técnico pero tiene consecuencias muy concretas. El problema es que estas dos medidas influyen directamente en cuánto dinero necesita tener ahorrado para poder jubilarse. ¿En qué sentido? Simple: si el salario mínimo crece, la pensión mínima que el Estado garantiza también crece, y eso significa que las aseguradoras que venden pensiones de jubilación necesitan más dinero para poder pagarla de por vida.

Los números hablan solos. En 2025, una persona necesitaba cerca de $350 millones para garantizarse una pensión basada en el salario mínimo. En 2026, esa cifra subiría a alrededor de $550 millones. Es un aumento del 57%, lo que significa que alguien tendría que ahorrar $200 millones adicionales. Para muchos trabajadores, eso equivale a varios años más de cotización. Según Asofondos, cerca de 12.400 personas están en esta situación crítica, y algunos de ellos ya sobrepasaron la edad normal de jubilación. En promedio, deberían trabajar 4,6 años más. En los casos más extremos, algunos podrían llegar a aplazar la jubilación dos décadas adicionales.

Pero hay otro problema que no es menor. Existe un sistema de seguros que protege a los afiliados en caso de invalidez o muerte antes de jubilarse, garantizando pensiones para los deudos. Este mecanismo se financia con parte de lo que cada trabajador aporta, y según la ley, el costo del seguro más las comisiones de los fondos de pensiones no pueden superar 3% del aporte. Sin embargo, el nuevo parámetro de ajuste del salario mínimo está presionando estos costos al alza. Actualmente están en 2,63%, muy cerca del límite permitido.

Si esta tendencia continúa sin corregirse, el costo podría rebasar ese 3% en los próximos años, generando una situación sin salida legal. Los fondos de pensiones no podrían absorber el sobrecosto, y las aseguradoras no tendrían margen para cobrar lo que necesitan sin violar la ley. Sería un vacío normativo donde nadie gana: ni las aseguradoras pueden operar rentablemente, ni los fondos pueden absorber la diferencia. El sistema de protección para los afiliados más vulnerables estaría en riesgo de colapso.