La precandidata presidencial Paloma Valencia sacó a la luz nuevas presuntas irregularidades en la manera como funciona el Fondo del Ministerio de Igualdad en el periodo 2024-2026. En su comunicado, la congresista cuestionó el cumplimiento presupuestal de varios programas que deberían estar llegando a la población más vulnerable del país. Según Valencia, el fondo ha ejecutado apenas el 48,7% de su presupuesto, a pesar de tener facultades amplias para hacer contrataciones de forma directa bajo régimen de derecho privado. Lo más preocupante es que mientras se gastan recursos en funcionamiento, hay 564 millones de pesos represados que representan el 26,5% del presupuesto total sin moverse.

Valencia fue directo en su crítica al señalar que "Les subieron los impuestos a los colombianos para dejar la plata quieta en los bancos", en referencia a la política fiscal del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La congresista agregó que "El Gobierno tiene asfixiado el bolsillo de los colombianos, pero los proyectos no se mueven". Lo que más la inquieta es que después de dos años de funcionamiento, el ministerio no ha presentado propuestas concretas de proyectos, obras o planes que justifiquen el presupuesto asignado.

Los números que cita Valencia son alarmantes. El programa Jóvenes Guardianes de la Naturaleza apenas ha ejecutado el 0,82% de sus 39.880 millones asignados. Juventudes Tejiendo Bienestar va aún más rezagado con un 0,54%. Peor aún es el caso de Agua es Vida para Acueductos no Convencionales, que tiene 126.746 millones asignados pero no ha contratado un solo peso, dejándolo en 0% de ejecución. Los programas Agua Es Vida Soluciones Convencionales y Tejiendo Comunidad para Personas con Discapacidad tampoco superan el 6% de avance.

Otro aspecto que preocupa a la congresista es el crecimiento desmedido de la nómina del fondo. Entre 2024 y 2026 se han vinculado 4.684 personas, entre funcionarios, contratistas y trabajadores en misión. De estas, 4.124 fueron contratadas con recursos que deberían destinarse a inversión social. Valencia también denunció que los contratos se firman directamente y que, según ella, no se publican de forma completa en el SECOP, sistema de compras del Estado, además de advertir sobre presuntas adiciones millonarias que no transparentan bien.

Hasta el momento, el Ministerio de Igualdad no ha respondido públicamente a estas acusaciones. La denuncia plantea interrogantes sobre si recursos destinados a ayudar a los colombianos están siendo utilizados de manera eficiente o si hay un desorden administrativo que impide que los programas sociales arranquen como se esperaba.