La liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) anunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de marzo generó una reacción inmediata de rechazo. Pacientes Colombia, un movimiento que representa a usuarios del sistema, calificó la decisión de "irresponsable y temeraria" por considerarla precipitada y sin un plan claro de ejecución.

El punto crítico es lo que pasará con los millones de colombianos vinculados a estas EPS. Según el movimiento, unos 6 millones de personas serían trasladadas sin criterios técnicos definidos. Peor aún: aproximadamente 2,6 millones irían directamente a la Nueva EPS, la misma entidad que la Contraloría General de la Nación ha declarado financieramente inviable y que ya está bajo intervención estatal. Para ponerlo en perspectiva, es como intentar resolver un accidente automovilístico enviando todos los heridos al hospital que está en peor condición.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, resumió así la preocupación: "Con esta orden se pretende ocultar el fracaso de la gestión de las EPS intervenidas y la crisis general del sistema". El movimiento alerta que una liquidación desordenada podría acelerar el cierre de servicios de salud, reducir la capacidad instalada de hospitales y clínicas, y provocar la fuga de especialistas, especialmente en regiones donde ya hay pocas opciones médicas.

El problema más profundo que nadie está resolviendo es el dinero. Las EPS liquidadas tienen deudas enormes acumuladas con hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y trabajadores del sector. El Gobierno no ha dejado claro quién pagará esas deudas. Si no se define esto, los hospitales podrían cerrarse y los empleados del sector salud se quedarían sin recibir lo que les deben, agravando aún más la crisis.

Pacientes Colombia también ha notado que la inestabilidad ya afecta a los usuarios. Hay un aumento en las acciones judiciales (tutelas), más quejas por falta de medicamentos y retrasos crecientes en citas y procedimientos médicos. El movimiento ha llevado el caso a la Corte Constitucional pidiendo que declare un "estado de cosas inconstitucionales" en salud, una solicitud que ha repetido durante más de dos años sin respuesta.

La organización también solicitó intervención internacional, pidiendo al sistema interamericano de derechos humanos una visita en terreno para documentar cómo la crisis sanitaria está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Mientras tanto, pide que se convoque una mesa de crisis con participación de organismos de control, pacientes y actores del sistema para encontrar una salida ordenada.