En el Debate Económico de Portafolio, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo cuestionó duramente la efectividad del gasto en seguridad del país, argumentando que se ha mantenido estancado durante más de una década sin traducirse en mejoras reales. "Desde 2012 el gasto en defensa y seguridad en Colombia pesa el 3,6% del PIB. Ni más, ni menos. Llevamos 14 años gastando la misma fracción de nuestro PIB en materia de seguridad y defensa y hoy tenemos menos pie de fuerza, no se están haciendo más cárceles y crecen las economías ilegales", expresó Oviedo.

Lo que esto significa en la práctica es que mientras el presupuesto destinado a seguridad ha permanecido proporcionalmente igual, los resultados han empeorado. Menos policías patrullando, menos capacidad carcelaria para encerrar delincuentes, y al mismo tiempo, negocios criminales que generan más dinero cada año. Para el candidato, esta es una muestra de que el dinero no se está invirtiendo correctamente. "Hoy tenemos un problema que es el de riesgo de seguridad que se acumulan en las diferentes capas de territorios", agregó.

Oviedo fue más allá al señalar un problema que pocos políticos mencionan: la captura de instituciones locales por parte de criminales. "Hay departamentos en donde los concejales los definen los criminales. Hay departamentos en donde los jueces funcionan de acuerdo a lo que digan los criminales", manifestó, pintando un cuadro de fragmentación estatal donde el crimen organizado controla territorios y define quién toma decisiones.

Un problema particularmente grave que destacó tiene que ver con los comerciantes del sector informal, quienes enfrentan extorsión diaria. "Tenemos que resolver la extorsión como impuesto criminal paralelo. No puede ser que más de la mitad de la gente viva en la informalidad para evitar los impuestos y llegue otro y se los cobre con miedo", señaló. Para Oviedo, esto revela una realidad: muchos colombianos prefieren trabajar sin registro oficial con tal de no pagar impuestos, pero luego igual terminan pagando dinero a grupos criminales que funcionan como un "gobierno paralelo".

En cuanto a servicios públicos, Oviedo opinó sobre si estos debería ser completamente estatales o con participación privada. Reconoció que para atraer inversión extranjera en sectores como minería, energía e infraestructura, posiblemente sea necesario actualizar el marco regulatorio. "Seguramente vamos a tener que dar garantías a algunos contratos para que la inversión vuelva a llegar", indicó, sugiriendo que el país necesita ofrecer protecciones contractuales más claras a inversionistas internacionales.