Lo que comenzó como la investigación de una "parranda vallenata" no autorizada terminó revelando uno de los mayores escándalos de comodidad en una prisión colombiana. El viernes 10 de abril, el Grupo Operativo Especial del Inpec ingresó sorpresivamente a los pabellones 1 y 2 de la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí y encontró un nivel de lujos que sobrecogió incluso a los investigadores: para algunos internos, la cárcel se había convertido en un lugar donde la privación de libertad era más teórica que práctica.

Entre los decomisos más impactantes figuraba una consola PlayStation 5 con seis controles, computadores portátiles, tablets y un módem WiFi para mantener a los reclusos conectados con el mundo exterior. No era solo entretenimiento: también había siete televisores repartidos en las celdas y cuatro bafles de alta potencia, junto con tres teléfonos celulares que funcionaban como línea directa hacia fuera del penal. Este nivel de conectividad permitía que los internos siguieran sus vidas prácticamente sin interrupciones.

Lo que más asombró fue el equipamiento para vivir cómodamente. Las autoridades encontraron 62 neveras y dos aires acondicionados distribuidos en las celdas, convirtiendo espacios que deberían ser austeros en "suites" personalizadas. Pero el verdadero lujo estaba en la cocina: 265 ollas eléctricas, 27 freidoras de aire, 11 estufas eléctricas, microondas, licuadoras y hasta una lavadora. El mobiliario también desmentía que se estuviera en una prisión. Los internos contaban con sofás, cabeceras de cama y nocheros eléctricos. Para las celebraciones, disponían de siete barriles ahumadores y asadores para hacer las parrilladas clandestinas de las que se enteró el Inpec.

La "fiesta permanente" en Itagüí se financiaba y se alimentaba con licores de marca prohibidos en prisiones: se incautaron 2.250 mililitros de champaña, 750 mililitros de licor tipo Smirnoff y 375 mililitros de aguardiente. Junto a esto, los investigadores decomisaron más de 1,3 kilos de sustancias vegetales y 271 gramos de polvos ilícitos, evidencia de que la droga también circulaba sin control en las instalaciones.

El escándalo dejó como resultado el apartamiento de 11 funcionarios de sus cargos, un número que refleja la magnitud de la corrupción detectada. El Inpec anunció que iniciará procesos disciplinarios para determinar responsabilidades y dijo que reforzará sus controles en las prisiones del país para evitar que vuelvan a existir condiciones tan alejadas de lo que debería ser una penitenciaría.