Durante la inauguración de la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Cartagena, la ONU envió un mensaje directo al Gobierno colombiano: la reforma agraria no es un lujo sino una necesidad urgente para reducir la pobreza y construir paz verdadera.

Miroslav Jenča, representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, fue enfático en su diagnóstico. Explicó que "El campesinado ha sido el principal afectado. La mayoría de los más de 8 millones desplazados son rurales. La reforma ofrece instrumentos para la adjudicación de tierras y la transformación territorial generando oportunidades de desarrollo". El punto es claro: millones de colombianos rurales perdieron sus tierras y sus medios de vida. La reforma agraria sería el mecanismo para recuperarlos.

Pero aquí viene lo que a menudo se olvida en estos debates. Jenča aclaró que entregar tierras sin más no es suficiente. "No solo es acceso a tierra, implica presencia efectiva del Estado. Cuando existen oportunidades legales y presencia estatal, se reduce el espacio para la acción de grupos armados y economías ilícitas. El desarrollo rural debe ir acompañado de políticas de seguridad", aseveró. En otras palabras: si el Estado no llega a esos territorios con instituciones, servicios y autoridad, la tierra sola no va a resolver el problema. Los grupos armados seguirán operando y los campesinos seguirán amenazados.

Esto tiene un impacto directo en la seguridad. Según el representante de la ONU, una reforma agraria bien hecha es un arma contra las economías ilegales que financian la violencia. Cuando el campesino tiene tierra legal y oportunidades para producir, hay menos incentivo para involucrarse en cultivos ilícitos. Es una conexión que muchas veces se pierde en los análisis superficiales.

Jenča fue contundente en su crítica al estado actual: es imposible hablar de reforma agraria real mientras haya territorios donde los campesinos que reclaman sus derechos viven bajo amenaza de grupos armados. Eso significa que todo lo escrito en leyes no funciona si el ciudadano tiene miedo de reclamar lo que le corresponde. Por eso el llamado de la ONU no es solo que Colombia reforma las leyes, sino que lo haga rápido y de verdad, con presencia estatal efectiva en zonas que históricamente han sido abandonadas.