Desde el próximo 1 de abril, las empresas colombianas enfrentarán un nuevo tributo sobre su patrimonio que forma parte de las medidas tributarias anunciadas en la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro. El gobierno ha estructurado el pago en dos cuotas iguales: la primera el 1 de abril con el 50% del impuesto, y la segunda el 4 de mayo con el 50% restante. Los formularios serán presentados directamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Dian.

La tarifa anterior era del 0,5% para todas las empresas, pero ahora subirá al 1,6% en el sector financiero y en las actividades extractivas como la explotación de carbón y petróleo. Aunque el gobierno proyecta recaudar 8 billones de pesos con esta medida, varios expertos advierten sobre los efectos negativos que podría traer para la economía real.

Jairo Orlando Villabona, exdirector de la Dian, explica que "ese impuesto al patrimonio puede recaudar mucho, pero es un problema porque va a desincentivar la inversión". Su preocupación es clara: si las empresas invierten más dinero en sus operaciones, tendrán que pagar más impuesto. Esto genera un perverso incentivo a no crecer. Además, advierte que muchas compañías podrían no tener suficiente efectivo disponible para cumplir el pago en los plazos establecidos. "Esto no lo incentiva a usted a crear empresas en Colombia. Si usted es un inversionista del exterior y le dicen que le cobran por hacer una empresa en el patrimonio, eso casi no lo cobra en ninguna parte del mundo", señaló Villabona.

Andrés Vernazza, docente de la Universidad Piloto, introduce un concepto importante: la fiscalidad distorsionante. Esto significa que cuando el gobierno grava la producción de manera inestable o impredecible, las empresas trasladan esos costos al precio final de lo que venden. "Esta fiscalidad distorsionante puede generar un efecto en la inflación", explica Vernazza, lo que afecta el bolsillo del consumidor promedio. Además, advierte que esto ahuyentará inversión extranjera, justo lo que Colombia necesita para crecer.

El sector educativo ha saltado las alarmas. Las universidades privadas también quedarán sometidas a este impuesto, y la Asociación Colombiana de Universidades estima que el impacto ascenderá a 135.000 millones de pesos. Esto, según el gremio, compromete la sostenibilidad financiera de varias instituciones y afectaría funciones críticas como investigación, docencia y proyección social. Tan preocupado estaba el Ministerio de Educación que pidió crear mesas técnicas para dialogar con Hacienda. El ministro Daniel Rojas solicitó realizar estas reuniones entre el 6 y el 10 de abril para revisar los alcances del impuesto y sus efectos específicos en el sistema universitario. La tensión en el sector es evidente: incluso la Asociación Colombiana de Universidades ha presentado un recurso ante la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del decreto que creó este tributo.