En San Andrés, el Hotel Aquarium sigue siendo motivo de tensión entre la comunidad raizal y las autoridades nacionales. La lideresa Corine Duffis Steele ha estado al frente de las gestiones para esclarecer qué va a pasar con este inmueble, cuya situación ha generado inquietud entre varios representantes del Pueblo Raizal que buscan conocer detalles sobre su estado jurídico, administrativo y económico.

El pasado 14 de abril, miembros de la etnia y de la Autoridad Raizal llegaron al establecimiento para despejar rumores sobre una posible venta o disposición del hotel. Lo que más preocupa a la comunidad es que, según la Ley 1708 de 2014, los bienes sometidos a extinción de dominio en el Archipiélago deben ir prioritariamente a programas sociales para beneficio de la población raizal. Hasta el momento, esto no ha sucedido, y tampoco ha habido transparencia sobre cómo se están usando los recursos que genera la administración del lugar.

Después de ese primer encuentro, los delegados raizales pidieron la intervención de autoridades del orden nacional, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Defensoría del Pueblo y otros entes de control. El objetivo era obtener respuestas claras sobre el futuro del hotel y el manejo de los dineros que genera.

Una semana después, Duffis comentó que hubo una reunión virtual con delegados de la SAE y representantes legales de Activos por Colombia, la organización encargada de administrar el hotel. Para el 23 de abril se tenía programada una mesa institucional con delegados de la Presidencia, Procuraduría, Defensoría, Viceministerio de Asuntos Étnicos y nuevamente de la SAE. La lideresa fue clara en su mensaje: "La idea es llegar a unos acuerdos porque esto no puede continuar como va. Además, esperamos que podamos hacer cumplir una de las cosas que pedimos, y es que haya un tercero que sea ajeno al Gobierno para esta negociación: ya sea una ONG internacional, o las Naciones Unidas, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque necesitamos que haya un garante neutral".

Duffis ha sido enfática en repetir que tanto en la visita al hotel como en las reuniones posteriores han dejado clara una exigencia: cualquier beneficio que resulte de una transacción comercial del inmueble debe llegar a manos de los pobladores ancestrales del territorio. La frustración en sus palabras es evidente cuando reflexiona sobre la realidad de la comunidad: gente que carece de servicios de salud básicos, que muere por falta de medicinas, mientras otros se aprovechan de bienes que legalmente deberían beneficiar al pueblo raizal.

Sobre esto, Duffis fue contundente: "Saber que hay gente pasando tantas necesidades, que ni siquiera salud tienen y que se mueren por no tener unas benditas pastillas; mientras que otros, por el contrario, están despilfarrando y viviendo a costillas de los bienes que podrían beneficiar a este Pueblo, tal y como dicta la norma. Ahora inclusive se inventaron otra figura: 'enajenación temprana', o sea que antes de extinguirla ya están vendiendo la propiedad; y para nosotros ningún centímetro de la isla se debe vender porque nosotros no tenemos tierras".