Nariño está en apuros. El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, y el presidente del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, Arturo Ortega Cornejo, tocaron la puerta del Gobierno Nacional con un mensaje urgente: la región no aguanta más y necesita ayuda inmediata. El problema es de fondo: ser frontera con Ecuador tiene costos que el resto del país no sufre, y esos gastos están ahogando el comercio legal y la producción local.

El grito más fuerte viene del sector de combustibles. Los empresarios exigen que el Gobierno cumpla a rajatabla con un esquema de compensación que reconoce que transportar gasolina a zonas fronterizas cuesta más caro. Eso está en la ley desde 1995 y 2021. La petición es clara: no toquen ese beneficio, ni lo reduzcan, ni lo neutralicen. Mientras se finaliza el Plan de Abastecimiento para Nariño, piden que mantengan activas las plantas de Tumaco y Chachagüí como opciones de emergencia. Además, quieren rebajar el combustible para aviones que vuelen desde los aeropuertos locales, para que las aerolíneas bajen precios de tiquetes y la región no quede incomunicada.

Pero el combustible no es el único dolor de cabeza. Las restricciones comerciales que Colombia puso contra Ecuador están matando el comercio legal en el paso fronterizo de Rumichaca. Los números son contundentes: mientras las exportaciones nacionales crecieron un 62,34% entre enero y abril de 2026, en Nariño solo se exportaron 7,17 millones de dólares. En cambio, la región depende de importaciones para funcionar (representan el 88,28% de su comercio total). El resultado es perverso: se encarecen los productos, se desestimula la formalidad y prospera el contrabando, que no paga impuestos ni genera empleo legal.

Los gremios proponen soluciones concretas. Piden eliminar esas medidas recíprocas contra Ecuador para que fluya el comercio legítimo nuevamente. También solicitan un régimen tributario especial para todas las empresas de Nariño durante dos años: una vía rápida para que las empresas respiren y mantengan trabajadores. Si eso no alcanza, piden una iniciativa legislativa más ambiciosa que le dé beneficios duraderos a la región.

Hay un aspecto más que tira del hilo de esta crisis: la inseguridad. El corredor Popayán-Pasto y la frontera están siendo azotados por hurtos, secuestros y otras formas de violencia que paralizan la economía. Las autoridades locales reclaman intervención extraordinaria de seguridad.

Lo que Nariño plantea es una realidad que afecta el bolsillo cotidiano de sus habitantes: si no hay gasolina barata, los transportistas suben fletes y eso encarece todo. Si se cierran las importaciones legales, los precios suben más y el contrabando gana. Si no hay estímulos tributarios, las empresas cierran y la gente pierde trabajo. El Gobierno tiene que decidir si interviene ya o espera a que la informalidad termine de ganarse la frontera.