Las comunidades Womenize Latam, Mujeres TIC y Women in Tech Colombia no llegaron a los candidatos presidenciales con quejas abstractas. Llegaron con un plan detallado. En la recta final antes de la segunda vuelta electoral, estas tres organizaciones presentaron una agenda concreta titulada "Género y Tecnología: democratización del acceso de las mujeres a la tecnología en Colombia" dirigida al próximo gobierno para el período 2026-2030. El documento hace énfasis en que incluir más talento femenino en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas no es solo un asunto de equidad, sino un motor para la competitividad económica del país.

Los números que respaldan la urgencia son claros: apenas el 32,35% de las personas matriculadas en carreras STEM son mujeres, una cifra que lleva tres años bajando. Cuando se trata de cargos directivos en tecnología, por cada 100 hombres que ascienden solo 52 mujeres logran esos puestos. El impacto económico de cambiar esto no es menor. El Banco de la República estima que cerrar la brecha de género en el mercado laboral podría incrementar el Producto Interno Bruto colombiano entre 10% y 80%. Es decir: dinero que el país está dejando sobre la mesa.

La propuesta se estructura en tres pilares que atacan distintas partes del problema. El primero, liderado por Womenize Latam, busca crear un Sistema Nacional de Información de Género en el Sector TI coordinado entre el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y los ministerios de TIC, Ciencia y Educación. La idea es tener datos desagregados por género que permitan formular política pública real y establecer estándares en inteligencia artificial sin sesgos. Sandra Rozo y Ximena Duque, de Womenize Latam, advierten que "sin datos que representen a la mitad de la población, no es posible formular ninguna política, y sin auditorías algorítmicas, la IA reproduce las desigualdades existentes". Un análisis de la Universidad de Berkeley encontró que 44% de 133 sistemas de IA evaluados en diversas industrias presentaba sesgo de género.

El segundo pilar, impulsado por Mujeres TIC, propone hacer obligatorio el Sello Equipares (una certificación de igualdad laboral) para entidades gubernamentales del orden central. La hoja de ruta proyecta que el 50% de las entidades centrales cuenten con esta certificación para 2027, hasta alcanzar cobertura total para 2030. Women in Tech Colombia propone el tercer elemento: crear un Banco Nacional de Talento Femenino STEM, una base de datos con perfiles de mujeres expertas en tecnología que ayude a llenar puestos de liderazgo en el Estado. Las metas de representación femenina serían progresivas: 35% para 2027, 45% para 2029 y paridad plena (50%) para 2030.

Las comunidades no se conforman con diagnósticos. Presentaron al próximo gobierno nueve compromisos concretos para ejecutar desde el primer año. Entre ellos: crear el Sistema Nacional de Información de Género en TI, incorporar auditorías de sesgo de género en el Proyecto de Ley de IA que se debate actualmente, lanzar una certificación voluntaria de IA sin sesgos, hacer vinculante la Guía de Buenas Prácticas del DNP para detectar sesgos, incluir el tema en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, crear una Política Nacional de Liderazgo Femenino en STEM, actualizar perfiles de cargo TIC del Estado y garantizar procesos de selección basados en competencias técnicas reales.

Lo que piden las comunidades va más allá de promesas de campaña. Solicitan un mecanismo institucional permanente de diálogo: espacios formales de incidencia con agenda fija, frecuencia definida y capacidad real de incidir en decisiones del gobierno. No invitaciones puntuales a eventos, sino una mesa de trabajo donde se sientan como interlocutoras reales. Si Colombia implementa este sistema articulado, se posicionaría como el primer país de América Latina en vincular formalmente una política de datos de género, una estrategia de inteligencia artificial responsable y rutas meritocráticas de liderazgo femenino en la administración pública. Un liderazgo que, según las comunidades, sería proyectable ante la OCDE, el Foro de Gobernanza de Internet y la Unión Europea.