El Ministerio de Trabajo realizó este jueves una inspección a las instalaciones de Canal Caracol, encabezada por la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz. El objetivo es verificar denuncias de acoso laboral y sexual tras el escándalo que involucró a dos periodistas y presentadores de ese medio. La revisión incluye documentación, condiciones de seguridad laboral y conversaciones directas con trabajadores, todo bajo el marco de leyes que protegen a los empleados contra la violencia y el acoso en el trabajo.

Aunque muchos han celebrado que las autoridades se muevan sobre este tema, las redes sociales y políticos cuestionan por qué la inspección no ha llegado a RTVC. El director de la emisora pública, Holman Morris, enfrenta denuncias de acoso sexual que datan de empleos anteriores. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López preguntó directamente al presidente Petro cuándo se tomarían decisiones sobre estos casos, señalando que la justicia debe avanzar mientras se respalde a las mujeres que denuncian.

Las mujeres integrantes de la coalición política del Pacto Histórico enviaron un comunicado formal pidiendo la remoción del cargo de Morris mientras continúan los procesos judiciales. Argumentan que esto es necesario como medida de transparencia y garantía de que los casos de violencia de género no se repetirán en instituciones públicas. Señalan que existe una asimetría de poder que persiste en los organismos gubernamentales y que la responsabilidad política exige acciones contundentes.

El comunicado hace una distinción importante: mientras en RTVC hay denuncias de acoso laboral que requieren investigación, contra Morris específicamente hay acusaciones de acoso sexual por hechos en un contexto laboral anterior. Por esto, el colectivo de mujeres insiste en que el gerente debe retirarse del cargo, independientemente del avance de los procesos judiciales. También celebraron que la Fiscalía reasignara el caso con enfoque de género, considerándolo un avance.

Por su parte, Claudia Cristancho, abogada de Holman Morris, defendió a su cliente afirmando que hasta ahora no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente por abuso. Sostiene que nunca se interpuso denuncia penal por acoso sexual en el caso de Lina Marcela Castillo Nisperuza, sino que fue la Fiscalía quien profirió acusación contra Castillo por injuria y calumnia, después de una denuncia que interpuso el mismo Morris. La defensa mantiene que la presunción de inocencia de Morris se preserva mientras no haya sentencia condenatoria.

El contraste es evidente: mientras algunas instituciones como Canal Caracol avanzan en sus investigaciones internas, RTVC permanece en el centro de un debate sobre cómo las organizaciones públicas manejan las denuncias de violencia de género. Lo que está en juego no es solo la carrera de una persona, sino el mensaje que envía el Estado sobre si protege realmente a sus trabajadores de estas conductas.