Un congresista ha puesto en la mira el manejo que estaría dando el Ministerio de Salud con los recursos del Estado. Andrés Forero, del Centro Democrático, presentó una nueva denuncia contra la cartera dirigida por Guillermo Jaramillo, esta vez por un evento que según los números oficiales le costó al país más de mil millones de pesos.

Forero utilizó un derecho de petición para acceder a la información detallada sobre los gastos del encuentro "Defender la Salud es Defender a Colombia", que se realizó el 26 de febrero en la Plaza de Bolívar. La respuesta del ministerio reveló que se destinaron 871 millones de pesos en costos directos, más 165 millones en impuesto de IVA, sumando 1.036 millones en total. "Mientras mueren pacientes, el Ministerio de Salud se gastó en esa sinvergüencería $1.036 millones. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esa plata?", escribió Forero en redes sociales.

El desglose del gasto muestra que el ministerio contrató servicios de infraestructura a través de un tercero: pantallas gigantes, sonido para 2.000 personas, iluminación profesional y conexión a internet. Además invirtió en elementos como carpas tipo hangar, baños portátiles, sillas y vallas. En términos de personal, se pagó a un equipo completo de producción (director de eventos, camarógrafos, ingeniero de sonido, técnicos de luces) y se contrató vigilancia privada y personal de aseo. El evento incluyó un baile cultural de ocho personas durante 45 minutos, y un plan de emergencia con ambulancia medicalizada y brigadistas.

Lo que llama la atención en la denuncia no es solo el monto, sino lo que ocurrió después. Al día siguiente, el 27 de febrero, la misma tarima y estructuras fueron utilizadas por el candidato presidencial Iván Cepeda para realizar una campaña política. Esto ha generado el cuestionamiento de si hubo un uso de recursos públicos con fines electorales.

Desde el ministerio aclararon que aunque presentaron las cifras del gasto, aún no habían recibido todas las facturas y documentos de soporte del contratista externo. Por eso dijeron que no habían desembolsado el dinero completamente hasta tanto el contratista cumpliera con la entrega de la documentación requerida. El ministerio respondió formalmente al congresista, como lo obliga la ley cuando se hace un derecho de petición sobre gastos públicos.