Mientras Cartagena alberga hasta el sábado la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la ministra de Agricultura Martha Carvajalino abrió el juego sobre un problema que tiene atrapada la reforma del campo colombiano: la falta de poder legal para actuar. En entrevista con EL TIEMPO, señaló que "la dificultad es inmensa pues hoy no tenemos jurisdicción agraria", un obstáculo que está paralizando decisiones clave sobre tierras de la nación y recuperación de bienes ocupados sin derecho.

Colombia recibió esta conferencia internacional porque el mundo reconoce que el país lleva más de 100 años sin resolver su problema más urgente: concentración de tierras en pocas manos. A diferencia de muchos países desarrollados que reformaron sus sistemas agrarios hace décadas, el gobierno colombiano ha avanzado lentamente en cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz. Según Carvajalino, lo que sí ha mostrado es que "redistribuyendo la tierra y redignificando al campesinado" se logran resultados económicos medibles: el campo crece dentro del PIB (Producto Interno Bruto), se exportan más alimentos y el área sembrada aumenta.

En números concretos, el gobierno llegó a 758.000 hectáreas gestionadas para reforma. De esas, unos 400.000 vienen de compras directas a ganaderos y otros propietarios privados, mientras que cerca de 300.000 provienen de recuperación de tierras que estaban ocupadas ilegalmente. La meta original era de 3 millones de hectáreas, pero se redujo a 1,5 millones. Carvajalino espera llegar a cerca de un millón gestionadas. El ritmo ha sido acelerado comparado con años anteriores, cuando ni siquiera alcanzaban 50.000 hectáreas anuales.

Sin embargo, el avance tropieza con trabas legales muy concretas. El régimen jurídico actual no permite compras más rápidas, y hay muchas tierras ofrecidas que no cumplen condiciones legales o agrológicas para entregarlas. Pero el problema de fondo es más grave: sin jurisdicción agraria propia, el gobierno no puede resolver directamente deslindes de tierras estatales ni recuperar bienes baldíos indebidamente ocupados. En cambio, debe meter demandas ante jueces civiles del circuito, un proceso lento y engorroso.

El gobierno ha insistido en la necesidad de tener una jurisdicción agraria específica y recuperar facultades administrativas para decidir cuándo y cómo avanzar en estos procesos. Es decir, necesita poder propio para actuar sin depender de juzgados civiles convencionales. Sin eso, Carvajalino reconoce que aunque el avance ha sido el mayor en la historia reciente, sigue siendo insuficiente para una deuda que Colombia ha acumulado durante más de un siglo. La conferencia que se debate en Cartagena busca exactamente eso: trazar rutas globales para que países como Colombia logren sistemas agroalimentarios justos y tengan herramientas reales para hacer reforma agraria.