La alarma por sarampión llegó a Colombia. El Ministerio de Salud acaba de confirmar tres nuevos casos positivos de esta enfermedad en personas que viajaron internacionalmente, lo que encendió las señales de alerta en el sistema de salud nacional. Además, hay cuatro casos sospechosos más bajo investigación. Esta situación obligó al ministerio a anunciar lineamientos más estrictos para intensificar la vacunación y reforzar la vigilancia en todo el país.

La presión viene del exterior. Los números son preocupantes: en 2025, la región de las Américas registró casi 15 mil casos de sarampión, lo que representa un aumento de 32 veces comparado con 2024. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reportó casi 250 mil casos en 179 países. Colombia, que mantiene su certificación como país libre de sarampión durante cinco años consecutivos, está en riesgo de perder ese estatus si no actúa rápido.

La vacuna es la barrera. El Ministerio insiste en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de defensa. El país cuenta con más de 3 mil puntos de vacunación gratuita, incluyendo equipos especiales desplegados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. La vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas) y la vacuna bivalente SR están disponibles sin costo.

Hay instrucciones claras según la edad. Los niños entre 6 y 11 meses que viajen necesitan una dosis especial ahora, además de completar el esquema a los 12 y 18 meses. Los niños de 1 a 10 años deben tener dos dosis de la triple viral. Para menores entre 6 y 16 años que no participaron en campañas anteriores, hay una dosis adicional disponible. Los viajeros entre 11 y 59 años sin registro de vacunación deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes de viajar al exterior.

Lo que está en juego es concreto: la enfermedad es altamente contagiosa y puede causar complicaciones serias, especialmente en niños menores de 5 años y en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Mantener a Colombia libre de sarampión no es solo un logro administrativo, sino una protección real para millones de colombianos, particularmente los más vulnerables.