El Ministerio del Trabajo tomó una decisión radical después de inspeccionar durante casi un día completo la planta de Alpina ubicada en Sopó. El resultado fue contundente: cerraron cuatro áreas de la fábrica de forma inmediata y provisional por considerar que allí hay riesgos graves que podrían afectar la vida de los empleados. La orden también incluyó preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos sindicales de los trabajadores.

Lo que los inspectores encontraron fue preocupante. Según la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, detectaron fugas serias en las calderas de vapor (equipos que generan el vapor necesario para diversos procesos). Además hallaron problemas en los tanques donde se usan sustancias químicas como la soda cáustica y el ácido nítrico, químicos que queman la piel y pueden ser fatales si entran en contacto con el cuerpo. Un tercer problema fue constatar que en algunos espacios de trabajo las temperaturas alcanzaban niveles peligrosamente altos, lo que también representa un riesgo para la salud de quienes laboran allí.

Pero la inspección también sacó a la luz otro conflicto. Durante la visita, se le impidió el acceso a dos líderes sindicales, lo que el Ministerio interpretó como un acto de intimidación contra la libertad de asociación de los trabajadores. Esta combinación de riesgos físicos y restricciones a derechos laborales motivó que la cartera tomara medidas adicionales.

"Ordenamos a Alpina no efectuar ninguna actividad en las áreas críticas hasta que se garanticen condiciones seguras y se respete la dignidad de los trabajadores", señaló Muñoz. En términos prácticos, esto significa que cientos de empleados no podrán trabajar en esas cuatro zonas mientras la empresa arregle los problemas detectados y mientras avanzan las investigaciones tanto técnicas como laborales. El cierre es temporal, pero su duración dependerá de qué tan rápido Alpina logre corregir las fallas y demostrar que cumple con las normas de seguridad.