El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación salió al paso de los hallazgos que reportó recientemente la Contraloría General sobre irregularidades en proyectos ejecutados en los departamentos de Chocó y Magdalena. La aclaración, hecha pública el 21 de abril de 2026, busca establecar con precisión quién era responsable de supervisar esos recursos en cada momento.

Según explicó el ministerio, los proyectos cuestionados fueron diseñados y aprobados bajo la Ley 1530 de 2012, en el marco del entonces Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese esquema, los departamentos tenían la administración directa del dinero, y eran ellos mismos, como entidades ejecutoras, quienes debían vigilar que todo funcionara correctamente. El ministerio no tenía funciones de supervisión en esa época.

El panorama cambió con la Ley 2056 de 2020, que reformó el Sistema General de Regalías y reorganizó los roles de cada institución. Fue a partir de entonces cuando el Ministerio de Ciencia asumió competencias de supervisión que antes no tenía. Por eso la cartera hace énfasis en que "la defensa de la transparencia exige claridad sobre las responsabilidades en cada etapa del proceso". El ministerio sostiene que son las entidades que sí tenían a cargo la supervisión en ese momento las que deben responder por cualquier omisión en documentación, informes o certificaciones.

La cartera reafirmó su compromiso con la transparencia y el control de los recursos públicos destinados a ciencia e innovación en Colombia, e insistió en que el seguimiento de cómo se usan las regalías es un principio que no negocia.