El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación salió a aclarar las confusiones generadas en medios sobre cómo se están asignando los recursos para investigación e innovación. El punto de quiebre fue un concepto jurídico emitido por el Departamento Nacional de Planeación el 17 de octubre de 2025, que estableció una regla clara: los proyectos que no pasaron completamente por el ciclo de evaluación definido en la ley no pueden financiarse con el dinero sobrante de años anteriores.

Esto generó dudas, porque el Ministerio tuvo que consultar si esta regla también se aplicaba a la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Después de mesas de trabajo y una consulta formal respondida el 26 de diciembre de 2025 por Franck Yurlian Olivares Torres, jefe de la Oficina Jurídica del DNP, quedó confirmado: las reglas presupuestales aplican a todas las asignaciones sin excepción.

Lo que cambió en la práctica es que los dineros no gastados de un año no pueden simplemente trasladarse al siguiente para financiar proyectos nuevos o que quedaron incompletos. Esos saldos se incorporan como disponibilidad inicial del siguiente período, pero solo pueden usarse en instrumentos de planeación vigentes, como el Plan Bienal de Convocatorias. El DNP fue enfático en que esta disponibilidad solo ampara proyectos que ya fueron aprobados previamente.

El ministerio subraya que aplicar estos criterios no fue una decisión discrecional sino cumplimiento del marco jurídico. Además, recordó que la Constitución establece en su artículo 361 que los recursos para ciencia, tecnología e innovación deben asignarse mediante convocatorias públicas, abiertas y competitivas, lo que garantiza igualdad de oportunidades. Este principio no puede ser reemplazado por otros mecanismos.

Sobre las críticas a los cambios realizados en las convocatorias, el ministerio informó que cerca del 70% de las modificaciones obedecieron a ajustes en cronogramas para mejorar los procesos de evaluación y ampliar plazos. Muchas de estas solicitudes vinieron de las propias universidades e instituciones de educación superior, que pedían más tiempo para estructurar sus proyectos.

Respecto a 118 proyectos transferidos al sistema financiero para las convocatorias 38 a 43, solo el 11% no presentó observaciones. La mayoría mostró inconsistencias en aspectos como certificaciones de cofinanciación, sostenibilidad y soportes jurídicos. El ministerio ve esto como evidencia de rigor técnico, no de obstrucción.