Un jurado de Los Ángeles acaba de tomar una decisión que tiene en jaque a dos de los gigantes tecnológicos más poderosos del planeta. Meta y YouTube fueron declarados culpables de perjudicar la salud mental de menores de edad, lo que los obliga a pagar una indemnización de 3 millones de dólares. Pero aquí está lo interesante: ambas empresas ya salieron a decir que no están de acuerdo y que van a pelear la sentencia.

El juicio tuvo su origen en la demanda de una joven de 20 años que argumentó haber desarrollado una adicción a Instagram y YouTube cuando era niña. El caso comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles y se convirtió en un hito histórico en la industria tecnológica. Según el fallo, Meta es responsable del 70% del costo total mientras que YouTube debe pagar el 30% restante.

Las respuestas llegaron rápido. Un portavoz de Meta declaró: "Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales". Por su parte, Google (propietaria de YouTube) también manifestó su inconformidad: "No estamos de acuerdo con el veredicto y planeamos apelar". Además, la compañía añadió un argumento curioso: "Este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social".

Lo que hace especialmente importante esta sentencia es que el jurado, integrado por siete mujeres y cinco hombres, sigue deliberando para determinar si hay daños punitivos adicionales que deben pagar las empresas. Mientras tanto, esta decisión abre las compuertas para resolver aproximadamente 1.500 casos similares contra plataformas de redes sociales. Vale mencionar que TikTok y Snapchat, también demandadas en este caso, ya lograron alcanzar acuerdos con términos no revelados para evitar llegar a juicio.

Esta condena no es aislada. Un jurado de Nuevo México acaba de encontrar culpable a Meta por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas que facilitaban la explotación sexual infantil, condenándola a pagar 375 millones de dólares. Juntos, estos fallos representan una presión creciente sobre la industria tecnológica respecto a su responsabilidad en la salud y seguridad de los menores de edad.