Estar afiliado al sistema de salud en Colombia no es sinónimo de acceso efectivo. Aunque el país mantiene cifras altas de cobertura en los últimos años, existe una brecha creciente entre el número de personas aseguradas y quiénes realmente logran obtener servicios médicos de manera oportuna y con calidad. Esta es la conclusión de un análisis reciente de Así Vamos en Salud, un centro de pensamiento que monitorea los indicadores clave del sistema de salud colombiano.

El problema tiene números concretos. Entre 2021 y 2025, cerraron 4.104 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Esta reducción de la capacidad instalada ocurre en un momento en que la demanda de servicios sigue aumentando. El impacto no es parejo en todo el país: Bogotá lidera con 580 cierres, seguida por Antioquia con 273, Atlántico con 268, Cali con 227, Barranquilla con 212, Santander con 204 y Cundinamarca con 177. Se trata en su mayoría de ciudades densamente pobladas donde la demanda es mayor, lo que agrava el problema de acceso.

Simultáneamente, ha disminuido el número de camas hospitalarias en servicios críticos, especialmente en atención materno-infantil. Esto es particularmente preocupante porque obliga a mujeres embarazadas, recién nacidos y niños a desplazarse mayores distancias para recibir la atención que requieren. La combinación de menos instituciones y menos camas configura un sistema con cada vez menos capacidad para atender a la población.

Los ciudadanos están expresando su inconformidad a través de los mecanismos formales. El número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ante las EPS crece sostenidamente, reflejando que las barreras de acceso persisten. Cuando estas quejas no se resuelven a tiempo, la gente recurre a las tutelas, derechos de petición que obligan a los jueces a intervenir. El aumento de tutelas en salud confirma que las personas sienten que sus derechos no están siendo garantizados dentro del sistema.

El informe también identifica cambios en la estructura del aseguramiento. Mientras disminuye el número de personas en el régimen contributivo (quienes pagan mediante descuentos de nómina), aumenta el del régimen subsidiado (financiado con recursos públicos). Esta transición genera presiones financieras en un contexto marcado por informalidad laboral y menos aportes al sistema. Aunque la cobertura total sigue siendo elevada, hay una disminución leve pero constante de afiliados, lo que significa que miles de colombianos están quedando sin acceso al sistema.

Así Vamos en Salud llama la atención sobre la necesidad de cerrar esa brecha entre cobertura formal y acceso real. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura universal significa que todas las personas puedan recibir servicios de promoción, prevención, tratamiento y cuidados sin dificultades económicas. En Colombia, ese objetivo enfrenta desafíos importantes que exigen mejorar la distribución de recursos, fortalecer la gestión del sistema y reducir especialmente las barreras en territorios apartados. Sin estas acciones, advierten, el deterioro del sistema de salud continuará.