El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el 16 de abril la Resolución 695 de 2026, documento que formalizó la actualización del listado de servicios y tecnologías que el sistema público no financiará. Con esta decisión, el número de exclusiones pasó de 114 a 117 tecnologías. Se trata de un procedimiento que la ley obliga a realizar cada dos años para garantizar que el presupuesto limitado en salud se destine a lo más efectivo y necesario.

Las tres nuevas exclusiones son la diacereína, un medicamento usado contra la artrosis; el minoxidil en presentaciones tópicas, indicado para la caída del cabello de patrón androgénico; y la restauración de dientes con incrustación metálica. El Ministerio también realizó un ajuste técnico al retirar un código de diagnóstico relacionado con el dolor neuropático que generaba prescripciones inadecuadas de medicamentos combinados. Una cuarta tecnología analizada, el plasma rico en plaquetas para problemas óseos y musculares, no fue incluida en la exclusión porque requiere más estudios de seguridad.

El catálogo de 117 exclusiones cubre un rango amplio de servicios. La mayoría corresponde a procedimientos estéticos sin justificación médica funcional, como rinoplastias, liposucciones y mamoplastias. También están excluidos productos como cosméticos faciales, toallas higiénicas, repelentes de insectos y suplementos dietarios para personas sin enfermedad. Algunos medicamentos como el acetaminofén con codeína solo se excluyen en contextos específicos, como el dolor neuropático, no de forma generalizada.

El proceso que determinó estas exclusiones no fue arbitrario. Incluyó cuatro fases: nominación de tecnologías, evaluación técnico-científica realizada por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), consulta ciudadana y adopción de decisiones. En la consulta participaron 25 departamentos y Bogotá, cubriendo el 78% del territorio nacional. Para las tecnologías que llegaron a votación, más del 50% de los participantes respaldó su exclusión. Además, seis sociedades científicas participaron en las sesiones de trabajo junto con expertos del Ministerio.

La ley que respalda este proceso establece que solo se pueden excluir servicios y tecnologías que carecen de evidencia científica, no tienen autorización de autoridades competentes, o responden a fines cosméticos o experimentales. Este marco legal busca garantizar que las decisiones se basen en criterios técnicos y no en consideraciones políticas o arbitrarias.