Las decisiones económicas del gobierno Petro están generando una reacción en cadena que podría afectar directamente los bolsillos de los colombianos cuando se jubilen. La agencia calificadora Fitch Ratings acaba de advertir que la combinación de cambios en las normas pensionales y de política pública podría trasladar la crisis fiscal del país hacia el sistema de pensiones, con consecuencias que se sentirían años después cuando la gente comience a recibir su mesada.

El nudo del problema es matemático y afecta a millones. Desde enero de 2026, el salario mínimo aumentó 23%, una cifra que doblega ampliamente la inflación del año pasado, que fue de 5,1%. Aquí viene lo clave: en Colombia, la pensión mínima está amarrada al salario mínimo, lo que significa que cada vez que sube el salario, automáticamente se disparan las obligaciones de las aseguradoras que pagan rentas vitalicias (lo que reciben los jubilados mensualmente). Fitch explica que esta brecha entre el crecimiento de salarios y la inflación genera lo que llama una "desviación" que obliga a las aseguradoras a cubrir pagos futuros más altos de lo presupuestado.

El problema radica en que las carteras de inversión de estas aseguradoras están concentradas en bonos del Tesoro que rindieron entre 9% y 11,5% en 2025. Esos rendimientos pueden parecer buenos, pero resultan insuficientes cuando las obligaciones crecen más rápido que la inflación tradicional. Es como si alguien tuviera que pagar facturas que suben al 23% anual con ingresos que solo crecen al 10%. Con el tiempo, la cuenta no cierra.

A esta presión se sumó un cambio normativo de finales de 2025 que modificó la forma en que el Estado ayuda a las aseguradoras cuando hay esta brecha entre salarios e inflación. Fitch advierte que esta reforma reduce el apoyo gubernamental y traslada más del riesgo hacia las aseguradoras privadas. En números concretos, aproximadamente el 75% de las rentas vitalicias están denominadas en salario mínimo y tenían reservas de 66,3 billones de pesos en noviembre pasado. La agencia estima que estas compañías deberán fortalecer sus reservas entre 15% y 20% de su capital, lo que podría traducirse en pérdidas y presionar la rentabilidad del sector.

Hay un tercer frente de preocupación: las propuestas para limitar cuánto dinero de las AFP (fondos de pensiones) se invierte en el exterior. Actualmente, estos fondos mantienen cerca del 49% de sus activos en inversiones internacionales sobre un total de 527,3 billones de pesos administrados. La propuesta oficial busca reducir eso a 35% en tres años y a 30% en cinco años. Por qué importa esto al colombiano promedio: fondos diversificados globalmente han generado retornos anuales cercanos al 8,5% con menor riesgo, mientras que carteras más concentradas en Colombia ofrecen rendimientos menores y más volatilidad. Menos inversión exterior significa menos opciones para crecer el ahorro pensional.

Además, restringir la inversión internacional podría forzar a las AFP a invertir más en deuda del Gobierno colombiano, que ya representa cerca del 35% de sus carteras. Esto concentraría el ahorro pensional de millones de colombianos en un solo emisor, aumentando el riesgo sistémico.

Fitch reconoce que las aseguradoras colombianas todavía tienen niveles sólidos de capitalización, pero subraya que la acumulación de estos cambios eleva los riesgos estructurales del sistema. La agencia no anticipa cambios inmediatos en calificaciones crediticias, pero deja clara la dirección de sus preocupaciones: seguirá monitoreando de cerca la solvencia y rentabilidad del sector pensional en los próximos meses para verificar si estas medidas comienzan a distorsionar los sistemas de protección de jubilados.