Después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto presidencial sobre salario mínimo el 18 de febrero, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) salió a defender la decisión judicial. El gremio, que representa a las compañías de seguros del país, calificó como "rigurosa" y correcta la aplicación de esta suspensión, argumentando que cualquier ajuste unilateral de salarios debe cumplir con la metodología que establece la ley.

Lo que está en juego es importante para tu bolsillo si trabajas por salario: el Gobierno quiso aumentar el mínimo mediante un decreto directo (una orden del presidente), pero el tribunal determinó que eso saltaba el procedimiento legal establecido. Fasecolda coincide en que si hay una falla técnica en cómo se calculó ese aumento, está bien corregirlo. Pero insiste en que la corrección debe hacerse con rigor jurídico, no improvisando.

El gremio también apoya el objetivo del Gobierno de alcanzar lo que la Constitución llama "salario vital y móvil", que significa un sueldo que realmente alcance para vivir y que se ajuste con la inflación. Sin embargo, Fasecolda es clara en su postura: "Este debate sobre cómo alcanzar la vigencia plena del salario vital y móvil que ordena la Constitución" debe hacerse mediante cambios a las leyes existentes, no usando decretos de emergencia.

Lo que preocupa a los aseguradores es que si se cambian los salarios sin cuidado, podría afectar el sistema pensional colombiano. Según el comunicado del gremio, cualquier reforma de los aumentos periódicos debe "no deteriorar la sostenibilidad del sistema pensional en sus distintos regímenes". En otras palabras: si sube mucho el salario base sin planificación, puede que el dinero para las pensiones no alcance.

Fasecolda pidió que el Ejecutivo "deje sentadas las bases a través de la modificación de las leyes existentes", sugiriendo que el Congreso debe ser quien apruebe estos cambios fundamentales. La invitación final del gremio es a que haya un debate ordenado, con "espíritu de concertación", donde todos los actores (Gobierno, trabajadores, empresarios) acaten la Constitución y respeten lo que ordenen los jueces.