El 24 de febrero, el Gobierno activó facultades extraordinarias para crear un impuesto de emergencia. El motivo: fenómenos climáticos dejaron un daño estimado de 8,3 billones de pesos en ocho departamentos. Con el fondo de gestión de riesgos ya comprometido y dos intentos de financiamiento rechazados por el Congreso, la administración sacó decreto. El impuesto grava con 0,5% el patrimonio superior a 200.000 UVT (alrededor de 104 millones de pesos). El sector financiero y extractivo pagan más: 1,6%.

El problema: las universidades privadas quedaron atrapadas en la norma. Aunque son organizaciones sin ánimo de lucro reinvierten todos sus ingresos en educación, técnicamente son contribuyentes del impuesto de renta. La norma no las excluyó específicamente, como sí lo hizo con hospitales, empresas de servicios públicos y entidades intervenidas por el Estado. Las universidades públicas se escaparon porque son entidades territoriales.

El resultado es un ranking impensado. La Universidad Externado de Colombia encabeza la lista con un gravamen proyectado de 23.466 millones de pesos. Le siguen la Pontificia Universidad Javeriana (9.115 millones), la Universidad Pontificia Bolivariana (8.202 millones) y la Universidad de Los Andes (8.133 millones). En total, 92 instituciones superan el umbral de gravamen. Solo las diez más grandes concentran más de la mitad del recaudo total del sector.

Pero aquí viene el nudo del problema. Los rectores advierten que esta cifra de patrimonio no significa dinero disponible. "El error de cálculo radica en confundir solvencia patrimonial con la capacidad de pago ligada a la liquidez en sí misma", explica Sara Valbuena, abogada tributarista. El patrimonio de las universidades está inmovilizado en edificios, laboratorios, bibliotecas y equipos. Son instituciones ricas en activos pero pobres en dinero en caja, en un momento en que el sector educativo ya enfrenta una crisis de flujo de caja sin precedentes.

El padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de ASCUN (la asociación que agrupa las universidades), señaló que el decreto "revela incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación". Para él, comparar estas instituciones con empresas ordinarias ignora que complementan al Estado en su obligación de garantizar educación, sin repartir ganancias. El rector de la UNAB fue más directo: "Es un impuesto del cual nunca habíamos sido sujetos las universidades privadas". Advirtió que el cobro afecta las capacidades de reinvertir en todos los aspectos que exige la educación superior de alta calidad.

La encrucijada es real y toca directamente el bolsillo de los estudiantes más pobres. Patricio López Jaramillo, Rector de la Universidad de Santander, confirmó que su institución está reestructurando presupuestos, reduciendo beneficios estudiantiles y retrasando inversiones. Incluso evalúan endeudarse con bancos para sobrevivir. La congresista Jennifer Pedraza lo planteó con crudeza: las universidades "van a estar entre pagar becas, pagar bienestar universitario o pagar un impuesto al patrimonio que no estaba definido previamente". ASCUN estima que 1,2 millones de estudiantes están en la cuerda floja.

El sector presentó intervención ciudadana ante la Corte Constitucional pidiendo la revisión de la medida. Mientras tanto, el plazo es implacable: mañana vence el plazo para declarar y pagar el primer 50%, y el 4 de mayo vence el resto. Las universidades piden que la Corte revise la norma de fondo, pero la instrucción del Gobierno es clara: declarar y pagar, aunque no haya liquidez.