Cuando el Congreso aprueba una ley que crea un programa, aumenta una pensión o establece un beneficio, esa decisión política se convierte en un compromiso de dinero permanente. Y Colombia está aprobando leyes cada vez más costosas. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en 2024 el impacto fiscal de las nuevas normas aprobadas alcanzó 11,4 billones de pesos, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas.

Para entender la magnitud: entre 2003 y 2010, el costo promedio anual de las leyes rondaba 2,8 billones. En 2011 pegó un salto a 9 billones. Después bajó a 5,7 billones en 2016. Pero desde entonces ha ido subiendo hasta tocar este nuevo récord. El Congreso aprobó 98 leyes en total el año pasado, pero solo fue posible estimar el costo de 17. Las otras 32 generan gasto pero nadie midió cuánto realmente costarán.

Aquí está el verdadero problema. Cuando una ley genera gasto, ese dinero no desaparece al año siguiente. Se convierte en un compromiso estructural, un gasto permanente que se repite año tras año. En Colombia, más del 85 por ciento del presupuesto ya está comprometido con obligaciones que no se pueden cambiar fácilmente: pensiones, servicio de la deuda, transferencias a departamentos y municipios. Cada ley nueva que crea gasto permanente hace más rígida esa situación, dejando menos recursos disponibles para nuevas prioridades o para ajustarse ante crisis económicas.

El Observatorio advierte que existe una debilidad técnica: hay una ley que exige a los congresistas incluir una estimación del costo de sus proyectos, pero en la práctica eso no se cumple de manera seria. La existencia de 32 leyes sin costo definido es prueba de ello. Otros países han resuelto esto creando instituciones independientes que analicen el impacto fiscal de cada proyecto antes de aprobarlo. Colombia creó en 2019 la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para cumplir esa función, pero según el Observatorio, hasta ahora no ha sido puesta en funcionamiento.

El nuevo Congreso que se instala en julio enfrenta entonces un dilema: aprobar leyes que la gente demanda, pero sin crear compromisos de gasto insostenible. Para eso necesitará mejorar su capacidad técnica de análisis. Porque el costo creciente de las leyes no es un problema aislado: es una señal clara de que las decisiones legislativas tienen efectos concretos sobre el bolsillo de todos, tanto ahora como en los años venideros.