Por primera vez, las plataformas de redes sociales más poderosas del mundo se abrieron a que terceros independientes revisen cómo funcionan sus sistemas de protección. Meta con toda su familia de aplicaciones (Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads), TikTok, Snap, Discord, Pinterest, Twitch y Roblox dijeron sí a someterse a auditorías externas. Esto sucede mientras gobiernos de todo el mundo, desde Australia hasta Francia, se endurecen contra el uso sin control de estas plataformas por menores de edad.

El movimiento responde a una crisis real: hace poco el presidente español Pedro Sánchez lanzó una política restrictiva y argumentó que "hay que tomar el control de las redes porque se está haciendo caja con la salud mental". La iniciativa se llama Safe Online Standard, o SOS, y fue impulsada por la Coalición de Salud Mental estadounidense. Lo que hace diferente a este proyecto es que no es solo un acuerdo de buenas intenciones. Las plataformas entregarán documentación sobre sus normas, funciones y características, y serán evaluadas por universidades e instituciones independientes que les asignarán un color. Azul significa que cumplen con seguridad: tienen filtros, programas educativos y moderación de contenidos. Amarillo es cumplimiento parcial, con políticas poco claras. Rojo indica que no bloquean contenidos dañinos de manera confiable.

En Colombia, la realidad es preocupante. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional y un estudio de 2024, uno de cada tres menores ha intentado reducir su tiempo en internet sin lograrlo. Más alarmante aún: uno de cada cinco ha visto en redes formas de hacerse daño, mensajes de odio o imágenes violentas. Alejandro Castañeda, del Centro de Internet Seguro de Red PaPaz, señala que en 2025 recibieron más de 55 mil reportes en su línea de atención, y nueve de cada diez fueron casos de violencia digital contra menores.

Sin embargo, los expertos colombianos advierten sobre limitaciones serias. Viviana Quintero, psicóloga y especialista en crianza digital, reconoce que "el hecho de que exista una evaluación externa e independiente es una cosa absolutamente maravillosa" porque rompe con la autorregulación pura. Pero Castañeda plantea dudas sobre si las plataformas realmente compartirán la información más sensible y si los resultados serán públicos. Lo más grave es que los cambios implementados en Estados Unidos o Europa raramente llegan a América Latina con la misma fuerza, especialmente en países donde las obligaciones legales son débiles.

Mauricio Vera, comisionado de contenidos audiovisuales de la Comisión Nacional de Regulación, explica el verdadero problema: aunque las plataformas dicen que sus normas están públicas en internet, "pocos padres de familia los usan" y las compañías terminan trasladando toda la responsabilidad al usuario. "Por más que el semáforo salga en rojo si no hay una intervención regulatoria de los estados, pues eso no va a generar un impacto positivo", advierte.

Colombia está rezagado. Cuenta con la Ley 2489 sobre entornos digitales seguros del año pasado, pero le faltan dientes legislativos. Las plataformas no tienen sedes en el país, funcionan como transnacionales, y exigirles información es casi imposible. Red PaPaz enfatiza que "Colombia está en mora de contar con una política pública que permita crear las condiciones legales para responsabilizar a las plataformas". Mientras eso no suceda, iniciativas como SOS seguirán siendo opcionales y es probable que sus beneficios jamás lleguen a los adolescentes colombianos que más lo necesitan.