La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de anunciar que puso en marcha dos investigaciones para verificar si hubo colusión (cuando empresas se ponen de acuerdo para manipular procesos de licitación) en contratos del Estado. Esto es grave porque cuando los proveedores conspiran, el dinero público se desperdicia y las empresas honestas quedan excluidas.

La primera investigación apunta a una convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para contratar servicios educativos dirigidos a la primera infancia. Según la SIC, la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor habrían coordinado su participación en cinco zonas del Centro Zonal de Ciénaga, en Magdalena. El dinero en juego era considerable: casi 17 mil millones de pesos en presupuesto oficial.

La segunda investigación toma como punto de partida una licitación municipal en La Mesa, Cundinamarca, para ejecutar obras de infraestructura. Aquí el foco está en tres empresas: Lufsacivil, Econ Ingeniería y Castro Flórez (hoy conocida como Sf Ingeniería). Los investigadores sospechan que pudieron haber hecho un acuerdo para repartirse el negocio.

Estos procesos se enmarcan en un patrón que la superintendencia ha venido persiguiendo. La SIC tiene previsto cerrar en los próximos meses varias investigaciones más sobre conductas irregulares en procesos de selección de gran escala nacional. Hasta ahora, ya ha sancionado a 136 personas en la administración de la superintendente Cielo Rusinque por más de 66 mil millones de pesos relacionados con irregularidades similares.