En los últimos años, Colombia ha visto cómo se quiebra una relación histórica. Los empresarios, que durante décadas tuvieron asiento en la mesa donde se cocinaban las grandes decisiones económicas del país, ahora se encuentran al margen. La fractura con el Gobierno Petro es real, visible y con consecuencias que ya se sienten en la economía.

La cosa cambió desde el primer día. Cuando el Gobierno presentó sus primeras reformas tributarias, decidió cambiar de interlocutores. En lugar de sentarse únicamente con los gremios empresariales —como era costumbre—, incluyó en la conversación a organizaciones campesinas, colectivos universitarios, comunidades indígenas y afrodescendientes. Fue un giro de tuerca que diluyó el peso de los empresarios en la conversación. "Este cambio alteró códigos históricos de acceso al poder, desplazando debates que antes se daban entre élites técnicas y sociales hacia escenarios más amplios, heterogéneos y políticamente cargados", según un análisis de Colombia Risk.

Los casos hablan por sí solos. Fenalco no fue invitada a la mesa de negociación del salario mínimo de 2026 en diciembre. La Andi decidió no convocar al presidente Petro a su congreso anual en agosto de 2025. Son síntomas de una ruptura que va más allá de desacuerdos puntuales. Según los análisis, incluso cuando los ministros reconocían que algunas propuestas no eran viables política o técnicamente, "la instrucción presidencial era avanzar". La centralización de decisiones en la Presidencia dejó sin poder real la interlocución técnica con los ministerios.

Durante décadas, los gremios empresariales en Colombia funcionaron como una correa de transmisión entre el sector privado y el Estado. Aportaban capacidad técnica, coordinación sectorial y legitimidad económica, mientras que el Gobierno garantizaba acceso, previsibilidad regulatoria y canales estables de negociación. Era un esquema de coproducción de política pública. Aunque no era perfecto, le daba a los empresarios un poder real en la toma de decisiones.

Ahora, el panorama es distinto. Colombia enfrenta un reacomodo estructural del poder, marcado por la llegada próxima de un nuevo Gobierno y un Congreso fragmentado. El análisis de Colombia Risk plantea dos escenarios: si continúa un gobierno de izquierda, es probable que la relación siga siendo tensa, con los gremios manteniendo un acceso limitado y una interlocución técnica subordinada a objetivos políticos. Los empresarios se adaptarían, pero bajo esquemas de "mitigación de riesgos más que de coproducción de política pública". Experiencias en la región, como en México bajo gobiernos de izquierda, muestran que "una relación tensa con el sector privado no necesariamente deriva en el colapso empresarial, pero sí tiende a traducirse en mayor incertidumbre regulatoria y menor previsibilidad".

Por otro lado, si llega un gobierno de derecha, probablemente buscaría recomponer la relación con los gremios y restablecer canales formales de interlocución. Sin embargo, esto no significaría un regreso automático a "lo de antes". El contexto cambió: hay mayor escrutinio público sobre el empresariado, la legitimidad de los gremios como interlocutores exclusivos está erosionada y la ciudadanía es más sensible a narrativas de captura del Estado. Un intento de volver al modelo anterior sin ajustes "probablemente tendría costos reputacionales y políticos significativos para el nuevo Gobierno".

En cualquier caso, los gremios empresariales seguirían siendo relevantes, pero de otra manera. Su poder estaría más en la contención, la defensa reputacional y la gestión de crisis que en la definición anticipada de políticas. Liderazgos gremiales con alta capacidad comunicativa han logrado sostener la conversación pública y posicionarse como voceros de sectores amplios del aparato productivo. Es un espacio de influencia diferente al que conocían, pero influencia al fin.