La batalla entre el presidente Gustavo Petro y el gremio constructor escaló este jueves cuando Camacol respondió con dureza a las declaraciones presidenciales. Petro había criticado a los constructores por no reconocer públicamente que el responsable del desplome en las ventas de vivienda es el costo del crédito, y llegó a afirmar que "nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés".

Camacol rechazó los señalamientos y propuso una explicación más incómoda para el Gobierno. El gremio señala que el problema no está en los constructores sino en las decisiones fiscales del país. Con un déficit fiscal cercano al 6,4% del PIB y una deuda pública del 64% del PIB, los inversionistas desconfían de Colombia. Esa desconfianza se refleja en los bonos de deuda pública (TES), que son como pagarés que el Gobierno vende para conseguir dinero. Los rendimientos de esos bonos han subido hasta 13,7%, entre los más altos de las economías emergentes. Aquí está el quid del asunto: las tasas de los créditos hipotecarios se fijan usando estos bonos como referencia. En otras palabras, cuando el Gobierno gasta más de lo que ingresa y la deuda sube, automáticamente suben las tasas que cobra el banco cuando usted quiere comprar casa.

La magnitud del problema se puede ver en un dato que pocos asocian con su cuota mensual: Colombia tiene la quinta tasa más alta del mundo en bonos a 10 años. Eso explica por qué millones de hogares ven que financiar una vivienda se aleja cada vez más de lo que pueden pagar.

A este problema estructural se suma algo más inmediato: el desmantelamiento de los programas de vivienda. Mi Casa Ya, creado en 2015, permitió que más de 360.000 hogares compraran vivienda con subsidios. Pero bajo la administración Petro, los recortes al presupuesto y la eliminación del programa Semillero de Propietarios han cerrado esa puerta. La reducción de los topes de precio para vivienda de interés social también complicó el panorama, según advirtió la expresidenta de Camacol, Sandra Forero: lejos de ampliar la oferta, esa medida encarecieron los proyectos y redujeron las unidades que pueden financiarse con subsidio.

Los números confirman la gravedad. Según datos de Coordenada Urbana, las iniciaciones de obra cayeron 40,7% en los dos primeros meses de 2026, y las ventas retrocedieron 11%. El segmento de vivienda No VIS (no de interés social) fue el más golpeado con una caída de 16,4%. Incluso el inventario de vivienda VIS perdió 4,2% de sus unidades.

Camacol cerró su comunicado insistiendo en que la solución pasa por estabilizar las finanzas públicas y proteger la inversión en construcción, un sector que genera empleos en cascada. El gremio pidió pasar de las "descalificaciones" al "diálogo técnico, constructivo y propositivo" para reactivar el mercado inmobiliario.