La diplomacia se quedó corta. Colombia y Ecuador no pudieron resolver su conflicto comercial en la reunión que tenían programada para el 25 y 26 de marzo en Lima. El encuentro, que iba a contar con la mediación de la Comunidad Andina, fue cancelado sin nueva fecha a la vista, dejando en suspenso cualquier posibilidad inmediata de levantar los aranceles que están golpeando el bolsillo de comerciantes en toda la frontera.

La canciller Rosa Villavicencio explicó en Señal Colombia que las conversaciones "no han sido posibles" en el contexto actual. En lugar del encuentro presencial planeado, hubo una videollamada entre los vicecancilleres de ambos países que terminó sin acuerdos concretos. Según un comunicado oficial, las delegaciones dijeron que abordarían "de manera integral" temas pendientes como comercio, transporte, energía e hidrocarburos, pero por ahora solo quedó el compromiso de seguir intentando. La incertidumbre que genera esta paralización es exactamente lo opuesto a lo que necesita una región fronteriza que vive del intercambio comercial.

Mientras avanzan las conversaciones internacionales a paso de tortuga, el Gobierno colombiano prepara un plan B. La idea es un decreto con rebajas de impuestos para la zona especial de frontera. Villavicencio detalló que la estrategia incluiría "una reducción de impuestos" y busca trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda. El paquete contemplaría exenciones tributarias, periodos de espera y mecanismos para reactivar la economía local en los territorios más castigados.

Para este sábado en Ipiales estaba convocada una reunión con comerciantes, alcaldes y congresistas de ambos lados de la frontera. El objetivo: buscar salidas que al menos alivien el golpe económico mientras se resuelve el conflicto diplomático. La paradoja es evidente: Colombia está preparándose para vivir más tiempo con una crisis que debería haberse resuelto hace tiempo. Sin acuerdo sobre los aranceles, los ajustes tributarios internos son paños tibios que no atacan el problema de raíz.