Tres años después de que Gustavo Petro ganara la Presidencia, la Fiscalía finalmente imputó a Ricardo Roa, el hombre que manejó la chequera de esa campaña. Lo hizo en menos de una hora en una audiencia virtual que el actual presidente de Ecopetrol siguió desde México. Aunque fue un acto más de trámite judicial, lo que llama la atención es la aparente prisa con la que se despachó un asunto que toca el corazón de cómo llegó este Gobierno al poder.

No se trata de un error administrativo menor o de una irregularidad aislada. La Fiscalía acusa que bajo la dirección de Roa, la campaña Petro Presidente gastó más dinero del permitido por ley tanto en primera como en segunda vuelta electoral. En otras palabras: se investiga si la llegada a la presidencia estuvo marcada por presuntas trampas en la financiación. Tres años han pasado sin que nadie respondiera de fondo por estos excesos que han sido denunciados constantemente.

Roa fue el encargado de toda la administración financiera de la campaña. Controlaba la aprobación de gastos, manejaba las cuentas y presentaba los reportes ante el Consejo Nacional Electoral. La ley establece límites claros para evitar ventajas desproporcionadas entre candidatos. Para 2022, el tope era de 28 mil millones de pesos en primera vuelta y 13 mil millones en segunda. Según la Fiscalía, ambos se rebasaron.

En la primera vuelta, la campaña reportó oficialmente 28.384 millones de pesos, pero los investigadores encontraron gastos no reportados o reportados a medias por 1.193 millones, más ajustes contables de casi 346 millones. El cálculo real llegaría a 29.924 millones, es decir, 1.388 millones por encima del tope. Estos dineros incluyeron pagos a empresas de eventos en hoteles como el Marriott y el Tequendama, un préstamo de 500 millones del Polo Democrático que no quedó registrado formalmente, y gastos de más de 290 millones atribuidos a la Unión Sindical Obrera en logística y transporte.

En la segunda vuelta, el problema fue aún mayor. La Fiscalía identificó gastos reales por 17.623 millones, superando el límite en 276 millones de pesos. Pero más grave aún fue el ocultamiento: encontró cerca de 770 millones de pesos en gastos que nunca aparecieron en "Cuentas Claras", el sistema oficial de rendición electoral. La mayoría de eso, unos 740 millones, corresponde a pagos de la USO destinados a actividades de campaña.

El fiscal fue claro en la audiencia: Roa sabía perfectamente cuáles eran los límites legales porque era precisamente el responsable de controlarlos. Por eso le imputó violación de topes en campañas electorales, un delito creado en 2017 que contempla entre 4 y 8 años de prisión, multas e inhabilidad para ejercer cargos públicos. La imputación llega en un momento incómodo para el petrismo, justo cuando el país se mueve en clave electoral hacia 2026 y revive una discusión que el Gobierno no logra cerrar completamente: si la campaña ganadora llegó al poder con dinero que no debería haber estado allí.