Después de meses de negociación entre la Dian y los principales sectores que operan en aduanas, por fin hay acuerdo sobre cómo se sancionará a quienes cometan infracciones en la frontera. Este nuevo régimen sancionatorio será presentado pronto a las comisiones del Congreso para que se tramite como ley.

El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, enfatizó que esto va más allá de un simple trámite legislativo. Según él, "más allá de un trámite legislativo, estamos ante una construcción conjunta que responde a las realidades actuales del país". En pocas palabras: no fue impuesto desde arriba, sino que empresarios y gobierno trabajaron juntos en esto.

¿Qué busca lograr esta reforma? Fortalecer los castigos contra el contrabando, la evasión de impuestos y el fraude aduanero. Pero no es solo poner más multas y castigos. La Dian también incluye garantías procesales más claras para las empresas que cumplen las reglas. Betancourt lo resumió así: "marca un importante avance en términos de garantías procesales para los usuarios aduaneros sin sacrificar las facultades de la autoridad aduanera en su lucha permanente contra el contrabando". Es decir, que los que actúan correctamente puedan trabajar con menos miedo a sorpresas legales.

Para el empresario promedio, esto significa algo concreto: trámites más rápidos en puertos y aduanas, reglas del juego más claras y menos incertidumbre a la hora de importar o exportar. También reduce los incentivos para hacer fraude, lo que significa menos competencia desleal para quienes trabajan legalmente. Fenómenos como la falsificación de marcas deberían disminuir si las sanciones son creíbles.

Desde el lado empresarial, Javier Díaz-Molina, presidente ejecutivo de Analdex (la asociación de comercio exterior), confirmó que lograron consensos en la mayoría de puntos. Su meta es que el Congreso apruebe todo antes del 20 de junio. La Dian se comprometió a mantener el diálogo durante el proceso legislativo para garantizar que el país tenga "el mejor arreglo institucional posible".