Iris Marín, la Defensora del Pueblo, se dirigió a la ciudadanía para hablar sobre un problema que llevaba años escondido en las sombras: el acoso sexual sistemático en los espacios de poder. Después de que salieron a la luz denuncias contra figuras influyentes en los medios de comunicación y la política, la funcionaria decidió alertar sobre lo que considera un quiebre histórico en el país.

Lo que antes se callaba, se protegía desde adentro y beneficiaba a los agresores ahora está llegando a los juzgados y a la opinión pública. Pero Marín fue clara en su mensaje: no es un asunto que solo afecte a un sector específico. "Estamos frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también", afirmó la Defensora, reconociendo que el problema se cuela en universidades, medios, gobiernos y empresas por igual.

Lo complicado, explicó, es que cuando quien acosa tiene poder de verdad, todo se vuelve más difícil. Ya sea que ese poder venga de la política, la economía, el reconocimiento académico o la fama, la víctima enfrenta una batalla desigual. Los números lo confirman: según un informe presentado en 2020 por la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en sus trabajos. Pero aquí viene lo grave: muchas no denuncian por miedo a represalias, a perder el empleo o porque simplemente no confían en que la justicia las ampare.

Aunque Marín reconoció avances como la investigación de la Fiscalía en el caso de Noticias Caracol o las políticas de equidad de género que implementó la Corte Constitucional después de una denuncia de acoso contra uno de sus magistrados, dejó clara su posición: eso no es suficiente. "Cambiar eso no es solo urgente. Es inaplazable", expresó la funcionaria, remarcando que los protocolos bonitos en el papel deben convertirse en investigaciones reales, en procesos que no vuelvan a lastimar a las víctimas y en garantías genuinas de que el problema no volverá a ocurrir.

Desde la Defensoría del Pueblo existe un mecanismo de acompañamiento especial para las mujeres que acusan a personas con influencia. Es un recurso pensado para quienes no pueden acceder fácilmente a la justicia porque sus agresores tienen demasiado poder. El equipo que atiende estos casos ofrece apoyo psicosocial, asesoría jurídica y, lo más importante, escucha real. "Como Defensora del Pueblo y como mujer recibo estas denuncias que exigen respuestas inmediatas. El trabajo debe ser un espacio de realización y no un territorio de miedo", añadió Marín, resumiendo lo que debería ser evidente pero que aún hay que repetir todos los días.