El Parque Nacional Natural Tayrona, cerrado oficialmente por decreto estatal, funciona hoy bajo una nueva administración: la de las comunidades indígenas kogui que controlan cada aspecto de su operación diaria.

Desde que la entidad estatal decretó el cierre por falta de garantías, los indígenas tomaron las riendas del territorio más emblemático del Caribe colombiano. Administran los accesos, organizan recorridos, recolectan dinero de visitantes y toman decisiones sobre cómo opera la reserva natural. Incluso los últimos vigilantes privados se fueron. Para las comunidades kogui, esto no es una ocupación, sino la recuperación de lo que consideran legítimamente suyo.

Juan Carlos Gil, vocero de las autoridades indígenas, es claro en sus intenciones. "Nosotros, desde el lunes, estamos concentrados aquí de forma pacífica para abrir un diálogo formal con Parques Nacionales. Hasta que no se sienten con nosotros, vamos a permanecer aquí", afirmó. El conflicto comenzó tras la destrucción de una construcción comunitaria dentro del parque, pero las exigencias van mucho más allá. Los kogui reclaman ser coadministradores del Tayrona con voz y voto en todas las decisiones y, lo que es fundamental para ellos, participación directa en los ingresos económicos que genera. "Desde que el Tayrona empezó a funcionar, los kogui nunca hemos recibido ningún apoyo económico ni hemos sido tenidos en cuenta en nada", señaló Gil.

La realidad sobre el terreno es paradójica: aunque el parque está cerrado por decreto, sigue funcionando. Turistas nacionales y extranjeros ingresan constantemente, guiados por miembros de la comunidad campesina. Se cobra aproximadamente 50.000 pesos a extranjeros y 30.000 a colombianos como "aporte comunitario". El dinero, según los líderes indígenas, financia la alimentación y logística de las comunidades concentradas en el área. Paulo Sánchez, presidente de la Junta de El Zaino, explica que la operación marcha con normalidad: "Son miembros capacitados de la comunidad que brindan información y acompañamiento a los visitantes. Todo funciona con completa normalidad".

Sin embargo, la llegada de visitantes se ha desplomado. Donde normalmente entran hasta 2.000 turistas diarios, ahora llegan apenas 400 por una entrada. Esta caída económica golpea a hoteles, restaurantes, transportadores y comerciantes de toda Santa Marta. El cierre proyecta pérdidas anuales de 330.000 millones de pesos para la región.

Los kogui denuncian además que el Estado ha abandonado históricamente la infraestructura del parque. "Hemos visto caminos dañados, puentes caídos desde hace meses y cero inversión. Tienen esto abandonado y a nosotros siempre nos han tenido a un lado", dijo Gil. También rechazan categóricamente los señalamientos oficiales que los vinculan con grupos armados ilegales. "Queremos desmentir eso. Los kogui somos hombres de paz y nunca hemos estado ligados a grupos armados", afirmó el vocero indígena. Parques Nacionales ha advertido que la toma estaría motivada por estructuras armadas, una acusación que las comunidades consideran peligrosa y estigmatizante.

El escenario actual es un delicado equilibrio: un parque cerrado por decreto pero operando parcialmente bajo control comunitario, con policía presente en los accesos pero sin intervenir. Gil es categórico sobre sus intenciones: "Si el parque quiere seguir funcionando, tiene que dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todo". El Tayrona se encuentra hoy en una encrucijada que trasciende lo ambiental: enfrenta dos visiones distintas sobre quién debe gobernar un mismo territorio. De un lado está el Estado con su legalidad institucional. Del otro, pueblos ancestrales que reclaman autonomía sobre lo que consideran su templo sagrado. Mientras el diálogo no llegue, el parque más importante del país sigue en una realidad paralela, oficialmente clausurado pero administrado por quienes aseguran haber regresado para no volver a ser marginados.