En un respiro temporal para las AFP, el Consejo de Estado detuvo esta semana el traslado de 5 billones de pesos que debían llegar a Colpensiones en cuestión de días. Se trata de lo que quedaba de una orden presidencial más ambiciosa que, a finales de abril, había buscado transferir 25 billones de pesos completos desde los fondos privados hacia el sistema público de pensiones.

La suspensión es parcial. El Gobierno había dividido ese dinero en dos grupos: 20 billones correspondientes a personas que ya cambiaron de AFP a Colpensiones pero todavía no tienen edad suficiente para jubilarse, y 5 billones de quienes ya se jubilaron y están recibiendo mesadas. El tribunal frenó los primeros 20 billones hace poco, y ahora también detuvo los 5 billones restantes tras aceptar argumentos de Asofondos, la asociación que representa a los fondos privados.

El debate de fondo es una pregunta aparentemente simple pero con consecuencias millonarias: ¿dónde debe estar el dinero mientras la gente espera poder jubilarse? Según Asofondos y los demandantes, esos ahorros deberían seguir en las AFP obteniendo rendimientos hasta que las personas cumplan con los requisitos legales de edad y semanas de cotización. El decreto del Gobierno intentaba captar ese dinero antes de tiempo hacia el sistema público, algo que consideran un traslado patrimonial masivo que podría ser irreversible. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que hay casi 20.000 personas ya jubiladas cuyos recursos suman 5 billones, mientras que hay una población más amplia aún cotizando cuyos 20 billones no deberían moverse hasta que consoliden su derecho.

No todo está suspendido de igual forma. El decreto también incluye instrucciones sobre el dinero de quienes ya cumplieron todos los requisitos para pensionarse. En ese caso, los tribunales ven más lógica en la transferencia, ya que Colpensiones necesita ese dinero para pagar las pensiones de forma inmediata. La regla era que 50 por ciento llegara en 20 días y el resto en 10 días más.

Los demandantes argumentan además que el decreto incurre en lo que llaman un "salto al vacío normativo". Según las leyes actuales, el dinero de los afiliados debe permanecer bajo administración de las AFP hasta que consoliden el derecho a pensionarse, no ser capturado anticipadamente por el Estado.

Por ahora, mientras los juzgados resuelven, Colpensiones espera sin los recursos. Asofondos, por su parte, busca que los tribunales tumben completamente el decreto, no solo que lo suspendan de forma temporal.