Un nuevo tropiezo judicial aqueja al Gobierno en su batalla por reorganizar el sistema de pensiones. El Consejo de Estado acaba de suspender temporalmente un decreto que obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (las AFP, fondos privados) a girar dinero a Colpensiones (el fondo público) correspondiente a personas que decidieron pasarse del sistema privado al público durante la reforma pensional. Lo que estaba previsto que llegara en los próximos tres días eran aproximadamente $5 billones, cifra que ahora queda congelada mientras se resuelve la batalla legal.

Esta no es la primera vez que los jueces frenan este decreto. El Consejo de Estado ya había bloqueado parcialmente esta orden antes, pero quedaron en pie algunos apartados que permitían que las transferencias continuaran. Ahora los magistrados han decidido suspender también esas partes que aún funcionaban, después de que varias personas presentaran demandas argumentando que los plazos impuestos eran demasiado apretados. La decisión es provisional, no es un fallo definitivo, pero representa un golpe para la administración pública que contaba con ese dinero.

La respuesta del sector financiero privado fue rápida. Andrés Velasco, presidente de Asofondos (la agrupación de las AFP), celebró la suspensión y pidió al tribunal que bloquee completamente el decreto. Según Velasco, los $5 billones que fueron suspendidos serían suficientes para cubrir las pensiones de quienes se trasladaron. Argumenta que estas personas costarían alrededor de $450.000 millones en pensiones, pero los nuevos cotizantes del sistema aportan cerca de $600.000 millones, dejando un excedente de $150.000 millones. Además, asegura que la urgencia del Gobierno en este traslado busca liberar efectivo inmediato para las finanzas públicas.

Pero desde el Gobierno hay indignación. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la decisión judicial y planteó una pregunta incómoda: por qué el Estado debe pagar pensiones mientras los fondos privados conservan los ahorros de los trabajadores. "Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero", señaló. El ministro advierte que Colpensiones sigue pagando las mesadas mensuales de casi 24.000 personas que ya se trasladaron, pero esos recursos nunca llegaron del sector privado, lo que significa que todo sale del presupuesto público.

Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, había reportado que aproximadamente 109.000 personas han migrado del sistema privado, de las cuales casi 24.000 ya están recibiendo pensión. El problema es que, según Dussan, esos $5 billones "ya tendrían que estar en las cuentas de Colpensiones, pero no han entrado". Mientras tanto, el fondo público cubre el gasto con dinero que proviene principalmente del presupuesto nacional, que junto con las cotizaciones de los ciudadanos supera los $78 billones.

La tensión llegó hasta la presidencia. Gustavo Petro anunció que demandaría penalmente al magistrado ponente de la decisión, Juan Enrique Bedoya Escobar, por prevaricato, acusándolo de favorecer los intereses de los banqueros. Lo que comenzó como una reforma para llevar más personas al sistema público de pensiones se ha convertido en un pulso político entre el Gobierno y la judicatura sobre quién realmente controla ese dinero.