Mientras la Fiscalía avanza con imputaciones en su contra, la junta directiva de Ecopetrol decidió darle un respaldo público a Ricardo Roa y mantenerlo en la presidencia de la petrolera estatal más importante del país. La decisión genera tensión porque toca un punto frágil para los inversionistas: la confianza en la dirección de una empresa clave para las finanzas nacionales.

El respaldo se fundamenta en lo que la junta llama respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, la situación es delicada. Los cargos contra Roa provienen de su papel como gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022. La Fiscalía investiga si la campaña presidencial excedió los límites permitidos de gasto electoral, una práctica que en términos simples significa gastar más dinero del que la ley autoriza para una campaña. Según investigaciones del Consejo Nacional Electoral, los gastos habrían superado el tope legal por más de 5 mil millones de pesos, detectado especialmente entre la primera y segunda vuelta electoral.

Pero hay más. Existe otro expediente abierto por la compra de un inmueble en Bogotá valorado en 1.800 millones de pesos, bajo sospecha de que pudo haber sido subvalorado y que hubo tráfico de influencias detrás de la operación. Estas acusaciones pesan sobre quien comanda la operación diaria de una empresa que es columna vertebral de la economía colombiana.

Frente a esto, la junta directiva activó lo que llamó un protocolo de debida diligencia. En términos claros, esto significa que pidieron información formal tanto a Roa como a las autoridades competentes para verificar si hay algún riesgo financiero o legal que pueda dañar el patrimonio de la empresa y sus accionistas. Según la dirección de Ecopetrol, Roa ha cumplido informando a la junta sobre su situación judicial, lo que permitió activar sistemas internos de cumplimiento para evaluar si hay implicaciones que afecten la sostenibilidad de la compañía.

Ahora bien, hay un detalle incómodo en el historial de Roa. En abril de 2024, durante un debate en el Congreso, él mismo aseguró públicamente que se apartaría de su cargo "sin que nadie se lo pidiera" si su presencia llegara a afectar la reputación, el buen nombre o el valor bursátil de Ecopetrol. Esa promesa hoy está sobre la mesa. Hasta ahora, Roa no ha dado señales de retiro voluntario, y la junta ha optado por priorizar lo que llama estabilidad operativa mientras observa cómo avanzan los procesos judiciales.

La apuesta de la junta es clara: mantener la nave a flote. Sostiene que sus acciones están enfocadas en garantizar transparencia con inversionistas y grupos de interés, y en salvaguardar el valor de la compañía en los mercados. El mensaje implícito es que un cambio de presidencia abrupto podría generar más incertidumbre de la que causa mantener a Roa en el cargo. Es un cálculo de riesgo donde la estabilidad en la dirección se percibe como más valiosa que la presión de remover a un ejecutivo en problemas judiciales.