La Junta Directiva de Ecopetrol salió a defender públicamente a Ricardo Roa apenas horas después de que la Fiscalía solicitara una audiencia para imputarle cargos. A través de un comunicado oficial, el máximo órgano directivo de la petrolera estatal decidió que Roa se mantenga al frente de la empresa, fundamentándose en el "respeto a la presunción de inocencia y su derecho al debido proceso".

Para la junta, lo que está pasando en los juzgados no es razón suficiente ahora para pedirle la renuncia. "La Junta Directiva hace seguimiento permanente a la anunciada imputación reciente al Presidente de la compañía por parte de las autoridades colombianas", dice el comunicado. El órgano también aclaró que Roa mantiene informada a la dirección sobre sus asuntos legales y que la compañía ya activó sus procesos internos de cumplimiento para evaluar si hay implicaciones para Ecopetrol.

Los problemas legales de Roa vienen de dos lados. El primero tiene que ver con su trabajo como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. La Fiscalía lo acusa de haber cometido irregularidades en el manejo de los topes de gastos de esa campaña, algo que genera sospechas sobre posibles violaciones en las cuentas de la campaña presidencial. En ese mismo proceso también está siendo investigado Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud.

La segunda acusación es más personal. Roa habría comprado un lujoso apartamento en Bogotá bajo un supuesto acuerdo en el que se comprometía a favorecer después con contratos en Ecopetrol a Juan Guillermo Mancera, un policía retirado. Estos detalles sobre el apartamento fueron sacados a la luz por investigaciones periodísticas que documentaron los movimientos de Mancera.

La decisión de la junta de respaldar a Roa mientras enfrenta estos procesos muestra la complejidad de estos casos: por un lado está el principio legal de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero por otro lado hay acusaciones serias que podrían afectar la credibilidad de una empresa estatal como Ecopetrol. De momento, la junta considera que no hay un impedimento legal claro para que Roa siga en funciones, pero todo indica que mantendrá vigilancia cercana sobre cómo avanzan las investigaciones fiscales.