La Interpol retiró la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en medio del escándalo de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión representa un giro significativo en uno de los casos judiciales más delicados del país, especialmente porque González fue un funcionario cercano al presidente Gustavo Petro y está señalado como figura central en la trama investigada.

Aunque la alerta internacional haya desaparecido, esto no significa que González esté libre. La orden de captura que emitió la justicia colombiana sigue en pie, lo que quiere decir que las autoridades nacionales aún lo persiguen. Lo que sí cambió es que ya no podrá ser capturado mediante los mecanismos internacionales de cooperación que había antes. En pocas palabras: antes, si se escondía en otro país, Interpol podría haber solicitado a esa nación que lo atrapara. Ahora eso no es posible, pero si regresa a Colombia o viaja a un país que coopere directamente con la justicia colombiana, sigue en riesgo.

González es investigado por su supuesta participación en un esquema de desviación de recursos públicos que involucra posibles delitos como cohecho (soborno), peculado (robo de dinero público) y lavado de activos. Según los investigadores, habría jugado un rol central en usar contratos estatales para direccionar plata hacia sobornos a congresistas.

El escándalo de la UNGRD ha sido catalogado como uno de los más graves del gobierno actual y ha implicado a múltiples funcionarios, algunos ya capturados. Las investigaciones sugieren que recursos del Estado fueron desviados para influir en decisiones legislativas, lo que elevó el caso a un nivel político y judicial que trasciende lo puramente criminal.

El retiro de la orden de Interpol no exonera a González ni cierra el caso. Simplemente cambia las condiciones bajo las cuales podría ser capturado fuera de Colombia. Las investigaciones en el país continúan abiertas, y tanto los procesos judicales como las decisiones de los tribunales nacionales siguen su curso.