La Superintendencia de Sociedades le bajó la cortina a Impoamericana Roger S.A.S. El pasado 19 de febrero de 2026, el organismo de control sancionó a la empresa con una multa de $1.298 millones por actos de corrupción, usando como fundamento la Ley 2195 de 2022. El fallo cierra una investigación sobre irregularidades en un contrato que prometía ayuda urgente pero terminó generando más incertidumbre en La Guajira.

El escándalo gira alrededor de la venta de 40 carrotanques a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los vehículos fueron adjudicados por $46.800 millones en octubre de 2023, cuando el departamento enfrentaba una emergencia económica, social y ecológica por sequía prolongada. El dinero debía servir para transportar agua a comunidades desesperadas. No fue así.

Las sanciones van más allá de la multa. La Superintendencia ordenó que Impoamericana queda inhabilitada para contratar con el Estado, se le prohibirá recibir subsidios del Gobierno durante los próximos 10 años, y ordenó la remoción de los administradores de la empresa. Además, la parte resolutiva de la sanción debe publicarse en un medio nacional de amplia circulación para que todos sepan lo que pasó.

Lo que destapó la olla fue la Contraloría General, que identificó sobrecostos de varios miles de millones en el proceso de compra. También encontró inconsistencias graves en la adjudicación del contrato, que aparentemente favorecieron a proveedores con vínculos dudosos. La Fiscalía General abrió una investigación formal por posibles delitos de malversación de recursos públicos. Los carrotanques, además, no funcionaron desde el principio: permanecieron parqueados semanas sin pólizas de seguro ni operadores capacitados.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aprovechó para enviar un mensaje al sector empresarial: "la entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial".

Lo complejo de este caso es que expone cómo operan los negocios turbios en contextos de emergencia. Cuando hay crisis, hay prisas administrativas, hay presión por resultados rápidos. Ahí es donde algunos aprovechan para colar contratos inflados y de dudosa procedencia. La Fiscalía sigue identificando responsables y buscando beneficios judiciales para quienes estén implicados. Este se considera uno de los mayores casos de malversación de recursos públicos en años recientes.