Un mes después de su arrolladora victoria electoral, Péter Magyar se convirtió oficialmente en primer ministro de Hungría el sábado pasado en una ceremonia cargada de simbolismo que marca un punto de quiebre en la política centroeuropea. Su promesa inaugural resumió el cambio de tono respecto a la era anterior: "No gobernaré Hungría, sino que serviré a mi país. Lo serviré mientras mis servicios sean útiles y la nación lo necesite". Orbán, quien dominó la política húngara durante dieciséis años, ni siquiera asistió a la investidura y ya renunció a su escaño parlamentario.

Las celebraciones alrededor del Parlamento húngaro reflejaban la esperanza de millones de ciudadanos cansados del autoritarismo. Anna Horvath, una jubilada de 66 años que presenció la ceremonia, confió a la agencia AFP su entusiasmo: "Nunca antes había experimentado esta alegría, este ambiente festivo; se ve que la mayoría de la gente quería esto". Para muchos húngaros, el cambio representa la promesa de acabar con la corrupción que caracterizó el gobierno anterior y recuperar el protagonismo de su país en la Unión Europea.

Sin embargo, Magyar hereda un país con enormes desafíos. La economía húngara está estancada, los servicios públicos se han deteriorado significativamente, y la Unión Europea mantiene congelados fondos de recuperación por violaciones al Estado de derecho cometidas bajo Orbán. Con un plazo crítico en agosto, Hungría podría perder cerca de diez mil millones de euros del plan de recuperación post Covid-19 si no aprueba reformas estructurales rápidamente. Magyar reconoce la urgencia: visitó Bruselas la semana pasada para negociar el desbloqueo de estos fondos antes de finales de mayo, aunque los líderes europeos esperarán ver reformas concretas antes de comprometerse.

Con una mayoría cualificada en el Parlamento gracias a que su partido Tisza ganó 141 de los 199 escaños, Magyar tiene poder para actuar. Se ha comprometido a adherirse a la Fiscalía Europea, combatir la corrupción, garantizar la independencia judicial y de prensa, y ha amenazado incluso con modificar la Constitución para forzar la salida del presidente Tamas Sulyok si este no dimite voluntariamente. Esa misma fortaleza parlamentaria le permite purgar instituciones claves del legado orbantiano.

Los primeros gestos simbólicos han resultado poderosos. La nueva presidenta del Parlamento, Agnes Forsthoffer, ordenó el retorno de la bandera europea al edificio legislativo tras doce años de ausencia, subrayando que era el "primer paso" del retorno de Hungría a Europa. El equipo de Magyar también refleja cambio: incluye a la primera ministra de relaciones indígenas en forma de un profesor de historia romaní como vicepresidente parlamentario, y Vilmos Katai-Németh, quien será el primer ministro invidente de la historia húngara, ocupará la cartera de Asuntos Sociales.

Aunque los analistas reconocen que Magyar enfrentará dificultades por la limitada experiencia política de su equipo, principalmente de tecnócratas, el nuevo gobierno ya ha cometido un traspiés. Intentó nombrar ministro de Justicia a un abogado que era además su futuro cuñado, lo que suscitó preocupación en un país marcado por años de nepotismo bajo Orbán. El designado renunció públicamente para evitar que "ninguna sombra se cerniera sobre la transición hacia la democracia". Para muchos observadores internacionales, esa autocorrección sugiere que Magyar está consciente del peso de las expectativas: los húngaros tienen "gran paciencia y buena voluntad", como señala Andrea Virag del centro de estudios liberal Republikon, "pero las expectativas son enormes y también deben satisfacerse a corto plazo".