La reorganización territorial del sistema de salud colombiano que trae el Decreto 0182 podría generar un problema financiero grave: cuando las EPS se retiran de una región llevándose sus afiliados, frecuentemente dejan deudas sin pagar a los hospitales y clínicas que atendieron a esos pacientes. La Unión de IPS de Colombia levantó la voz sobre este riesgo y pidió al Ministerio de Salud que no permita esos traslados sin antes garantizar que las aseguradoras paguen lo que deben.

El problema es real y tangible: una clínica que atendió pacientes de una EPS durante meses emitió facturas por esos servicios. Si la aseguradora se va de la región sin pagar esas facturas, el hospital queda en rojo. Mientras tanto, debe seguir atendiendo a los pacientes que quedaron en su territorio con nuevas EPS. Para muchas instituciones prestadoras, especialmente en regiones con pocas opciones, esto puede significar la diferencia entre seguir operando o cerrar las puertas. "Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, se pone en riesgo la operación de los prestadores y, en consecuencia, la atención de los pacientes", alertó el gremio.

El escenario se complica aún más en territorios donde las nuevas EPS que recibirán los afiliados están bajo intervención administrativa (es decir, ya tienen problemas financieros). En esos casos, los hospitales tendrían que renegociar contratos con entidades que ya adeudan dinero por servicios anteriores. Es como cambiar de deudor pero quedarse con la misma deuda acumulada.

La Unión de IPS solicitó que el Gobierno implemente medidas concretas: revisar previamente cuánto deben las EPS antes de autorizar el traslado de usuarios, establecer planes de pago supervisados por la Superintendencia Nacional de Salud, y crear garantías financieras que respalden las obligaciones pendientes. También pidió un monitoreo conjunto con autoridades territoriales para verificar que la reorganización no destruya la red de prestadores.

"La estabilidad del sistema de salud depende no solo de las EPS, sino también de que las clínicas y hospitales tengan condiciones financieras que les permitan seguir prestando los servicios a los colombianos", concluyó el gremio. Sin esta garantía, el traslado de usuarios se convierte en un riesgo real para el acceso a salud en las regiones más vulnerables del país, donde la oferta de servicios médicos es limitada y un prestador menos puede significar menos camas, menos cirugías, menos atención.