Hace una semana el Ministerio de Hacienda anunció en Córdoba que usaría un impuesto al patrimonio corporativo para financiar la emergencia económica que decretó el Gobierno. Pero las cuentas no cierra, y eso genera una tormenta de dudas sobre el verdadero costo que pagarán las empresas.

Según el Ministerio, este gravamen traería $8 billones. Nada mal para una medida de emergencia. Sin embargo, Anif, un centro de estudios económicos respetado, hizo sus propios números utilizando datos reales de 2024 de empresas colombianas. Su conclusión: el impuesto generaría $13,4 billones. La diferencia es de $5,4 billones, dinero que no es para sonreír. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, fue directo al punto: la diferencia es "enorme". Agregó: "No es un error menor, es prácticamente otra reforma tributaria encubierta".

El impuesto aplicaría a empresas cuyo patrimonio líquido supere los 200 mil UVT (aproximadamente 10 mil 475 millones de pesos). De ahí en adelante, pagarían entre 0,6% y 1,2% sobre el valor de sus activos, dependiendo del monto. Parece poco, pero en números absolutos representa una montaña de dinero. La ironía es que el Gobierno nunca explicó cómo llegó a los $8 billones, mientras que Anif detalló que usó información de superintendencias y cámaras de comercio para su estimación de $13,4 billones.

Lo que asusta a los empresarios es lo que pasa después. Si este impuesto se suma al impuesto de renta que ya pagaron las empresas en 2024 (70,6 billones), la carga tributaria total aumentaría de casi 30% a 35,5%. Son seis puntos porcentuales adicionales en el bolsillo del Estado y seis menos para inversión, salarios o expansión de negocios. Para entenderlo en términos sencillos: es como si, de cada cien pesos que gana una empresa, el Estado pasara de quitarle 30 a quitarle 35. Eso duele.

Anif advierte algo más preocupante: este tipo de gravamen castiga a las compañías por acumular capital, lo que genera un desincentivo para invertir y crecer. Cuando reduces la ganancia esperada de una inversión, los empresarios prefieren no invertir. Y sin inversión empresarial, hay menos empleos, menos innovación, menos crecimiento. Además, inversionistas extranjeros que estaban considerando a Colombia para traer dinero podrían cambiar de opinión al ver un entorno tributario cada vez más complicado.

La historia ofrece una lección. En 2011 el país aplicó un gravamen similar durante una emergencia. Las tarifas fueron mucho más altas (entre 1% y 4,8%), pero después la investigación mostró que subió el costo de endeudamiento para las empresas y redujo su inversión. Internacionalmente, apenas cinco países mantienen alguna versión de impuesto al patrimonio empresarial: Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega. Todos aplican tasas inferiores al 1% y con alcance limitado. Es decir, se trata de un instrumento raro, casi en extinción, por una razón: sencillamente no funciona bien.

La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿el dinero será para la emergencia climática o para tapar el déficit fiscal del Estado? La Contraloría encontró que el Fondo de Gestión del Riesgo podría contar con 2,69 billones para la crisis. Si es así, ¿por qué necesita 8, 13 o 5,4 billones adicionales? Las respuestas tardaron una semana en llegar. Ahora Colombia espera la claridad que debería haber llegado desde el primer día.