El presidente Gustavo Petro sorprendió el jueves en la noche al emitir siete decretos de emergencia económica, esto ante la crisis causada por las inundaciones en varias regiones del país. Entre las decisiones están cambios en el presupuesto nacional, ajustes en los impuestos y nuevos mecanismos para movilizar dinero que permita financiar la recuperación. Uno de los cambios más visibles es la ampliación del impuesto al patrimonio empresarial, que ahora también alcanzaría a las compañías extranjeras que operan en Colombia. Además, el gobierno estableció medidas para ampliar garantías de crédito dirigidas a personas y sectores productivos que sufrieron pérdidas por las inundaciones, y modificó las reglas de facturación en servicios públicos como energía y gas.

Sin embargo, los gremios empresariales reaccionaron con alarma a estos decretos. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, manifestó su preocupación sobre un aspecto crítico: que el gobierno esté utilizando la emergencia como una vía rápida para aprobar medidas tributarias que el Congreso ya había rechazado por la ruta ordinaria. "Es un precedente peligroso que el decreto 240 convierta la excepcionalidad en un atajo. Revive y amplía cargas tributarias y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria", explicó. Para Lacouture, el problema es que en lugar de reducir el gasto público, el gobierno vuelve a cargar la factura al sector productivo: "En vez de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo. Y eso lo terminan sintiendo los colombianos: menos oportunidades, menos dinamismo y más incertidumbre para las familias".

La situación genera un efecto perverso que preocupa especialmente a quienes operan en sectores regulados. Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, señaló que aumentar impuestos a operadores legales sin una estructura tributaria bien diseñada termina beneficiando a los clandestinos que no pagan nada. "Cuando se grava mal al operador autorizado, el Estado no gana. El que gana es el ilegal. Hoy los ilegales están felices", dijo Montero. El dirigente explicó que cuando crece la ilegalidad, el Estado pierde recaudo fiscal, control y capacidad de proteger a los usuarios, además de que desaparece la trazabilidad de los recursos y el empleo formal. Para él, los impuestos deben construirse con criterios técnicos y no políticos: "Cuando un impuesto se construye sobre bases equivocadas, termina afectando al mercado legal. Y cuando eso pasa, el que gana es el ilegal".

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue más directo al señalar que el gobierno muestra "desespero" para recaudar recursos en plena época electoral. Lo que más llama su atención es que estas medidas reproducen sustancialmente las que ya había decretado el gobierno en diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional. "Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley de financiamiento", afirmó Mac Master. El dirigente pidió a la Corte Constitucional que estudie nuevamente la solicitud de suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026, argumentando que la aplicación de estos impuestos puede causar daños económicos que no se pueden reparar. En su llamado al Congreso, Mac Master fue explícito: que ejerza el control político sobre esta nueva emergencia y derogue los nuevos aumentos impositivos, devolviendo la discusión fiscal a su escenario natural en el Legislativo.